Narcomenudeo: Santa Fe desembarca en el Congreso con una reforma de fondo

Santa Fe presenta en el Congreso Nacional su experiencia en la lucha contra el narcotráfico, en medio de una discusión que puede modificar el reparto de responsabilidades entre la Justicia federal y las provincias para investigar delitos vinculados con drogas.

El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, participa como expositor de una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rodríguez Machado. El encuentro comenzó a las 11.30 en el Anexo de la Cámara baja.

El funcionario centrará su intervención en el proyecto 1629-D-2026, presentado por la diputada Gisela Scaglia y el diputado José Núñez, que propone ampliar la competencia de las jurisdicciones provinciales en materia de estupefacientes mediante modificaciones a las leyes 23.737 y 26.052.

La iniciativa apunta a profundizar el actual esquema de desfederalización y abre una discusión de mayor alcance: hasta dónde pueden avanzar las provincias en la investigación de los delitos relacionados con drogas y cuáles deben permanecer necesariamente bajo la órbita federal.

Una reforma que va más allá del narcomenudeo

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran al régimen podrán asumir la investigación de determinados delitos cuando la cantidad de estupefacientes involucrada resulte compatible con una actividad de distribución minorista o de menudeo.

Para establecer esa diferencia se propone tener en cuenta el peso de la droga, el número de dosis, la forma de fraccionamiento, su valor económico y el tipo de sustancia. También deberá considerarse que la actividad se desarrolle predominantemente dentro del territorio de una jurisdicción.

Pero el cambio más profundo aparece después. La iniciativa contempla que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires también puedan optar por asumir, con carácter general, la competencia sobre todos los delitos previstos en la Ley 23.737.

Esa posibilidad no implicaría desplazar completamente a la Justicia federal. El proyecto preserva su intervención cuando corresponda por la materia, las personas o el lugar involucrado, o cuando en un caso concreto se encuentre afectado de manera preponderante un interés federal.

Según los fundamentos de la propuesta, la intención es aprovechar la proximidad territorial y las capacidades investigativas desarrolladas por las jurisdicciones locales, mientras la Justicia federal concentra recursos en organizaciones criminales de mayor complejidad o casos con proyección interjurisdiccional o internacional.

Qué ocurre si las justicias disputan una investigación

Otro de los puntos que busca modificar la iniciativa es el mecanismo para determinar quién continúa una investigación cuando aparecen elementos que pueden involucrar tanto a la Justicia provincial como a la federal.

La propuesta establece que la Justicia federal deberá intervenir cuando una causa tenga conexidad subjetiva u objetiva con otra investigación que tramite en ese fuero y exista un interés federal comprometido.

Si se produce una disputa de competencia, la investigación permanecerá en manos de la jurisdicción que intervino primero hasta que se resuelva el conflicto, salvo que exista un requerimiento perentorio de remisión por parte de la Justicia federal.

Además, ante una duda sobre qué jurisdicción debe intervenir, prevalecerá la federal cuando existan intereses federales comprometidos.

El objetivo es evitar que las discusiones entre tribunales generen demoras en investigaciones que pueden encontrarse en curso y, al mismo tiempo, establecer con mayor precisión dónde termina la intervención provincial y comienza la responsabilidad federal.

Santa Fe lleva su experiencia a Diputados

La presencia de Cococcioni le dará a la discusión un componente particular. El ministro llegará al Congreso como representante de una provincia atravesada durante los últimos años por el desafío de combatir organizaciones narcocriminales y mercados locales de drogas.

Su participación fue incluida expresamente en la convocatoria oficial de Legislación Penal: asistirá en carácter de expositor y se referirá específicamente al proyecto presentado por Scaglia y Núñez.

La iniciativa sostiene que las jurisdicciones locales cuentan con ventajas para investigar determinadas modalidades delictivas por su conocimiento directo del territorio, la disponibilidad inmediata de información criminal y la capacidad de sus Ministerios Públicos y estructuras investigativas.

En ese esquema, la ampliación de competencias es presentada como una herramienta para reducir la sobrecarga de la Justicia federal y permitir que sus recursos se concentren en las investigaciones donde exista un interés nacional relevante.

El debate que se abre en el Congreso

La reunión de Legislación Penal no estará limitada al proyecto que defenderá Cococcioni. La comisión tiene previsto analizar otras iniciativas que muestran posiciones diferentes sobre cómo distribuir las investigaciones por narcotráfico.

Entre ellas figura un proyecto de Miguel Ángel Pichetto para modificar la Ley 23.737 en materia de federalización de los delitos vinculados con el narcomenudeo y otro de Agustina Propato que plantea modificaciones para unificar investigaciones en la órbita de la Justicia federal.

El temario se completa con una iniciativa encabezada por Martín Ardohain y acompañada, entre otros, por Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Fernando de Andreis y Martín Yeza, que propone incorporar modificaciones al Código Penal vinculadas con el vandalismo rural.

Con Cococcioni como uno de los protagonistas de la jornada, Santa Fe buscará así colocar su experiencia en el centro de una discusión que excede al narcomenudeo. El debate de fondo será qué herramientas deben tener las provincias para perseguir el narcotráfico dentro de sus territorios y dónde debe trazarse el límite para que una causa permanezca en manos de la Justicia federal.