El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este miércoles a marcar distancia de la investigación que derivó en la detención de una funcionaria bonaerense acusada de integrar una presunta organización dedicada a maniobras de fraude y lavado de activos. El mandatario aclaró que la mujer pertenece al Poder Judicial y que nunca tuvo vínculo laboral con el Ministerio de Justicia.

“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, explicó Kicillof a través de su cuenta oficial de X. La aclaración buscó evitar que la detención de Albertina Mangini quedara asociada directamente con la estructura del Ejecutivo provincial.
En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2026
La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…
La abogada fue detenida el martes en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata. Está imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes vinculados con la habitualidad de la maniobra y su condición de funcionaria pública.
Según la investigación, Mangini y otros dos detenidos, Mauro Perrota e Ignacio Marchioni, habrían utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y movilizar fondos presuntamente provenientes del juego clandestino.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Córdoba. Durante los operativos se secuestraron millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW, mientras que el monto de la maniobra investigada ascendería a unos $27.000 millones.
La dimensión económica del expediente elevó el impacto político del caso, especialmente por la condición de Mangini como integrante de la Procuración General bonaerense. Sin embargo, desde el entorno de Kicillof remarcaron que se trata de una empleada del Poder Judicial y no de una integrante de la administración provincial.
La causa también presenta ramificaciones con otras investigaciones sobre el circuito financiero y el fútbol. Uno de los involucrados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, aunque la Justicia todavía busca determinar qué relación concreta existe entre esas investigaciones.
Mangini y Perrota se negaron a declarar durante las indagatorias, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial estaba vinculada al “corretaje y las inversiones”.
Ahora, los investigadores deberán analizar la documentación, los dispositivos y el dinero secuestrado durante los allanamientos para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar el grado de participación que habría tenido cada acusado.
El caso mantiene abierto un frente judicial de fuerte impacto por el volumen de dinero investigado y las presuntas conexiones con el juego clandestino. En paralelo, Kicillof buscó cerrar rápidamente cualquier vínculo político con la detenida: la principal aclaración del gobernador fue que la mujer investigada no pertenece a su gobierno, sino al Poder Judicial bonaerense.