Donald Trump mantiene alrededor de 4.500 miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington, una cifra que supera el número de policías locales disponibles en la capital. La operación comenzó en 2025 bajo una declaración de emergencia por criminalidad y creció con efectivos enviados desde distintos estados, además de la Guardia del Distrito de Columbia. El objetivo oficial combina presencia visible, apoyo a las fuerzas de seguridad, protección de espacios federales y un efecto disuasorio sobre delitos que afectan zonas comerciales, estaciones de Metro y áreas turísticas.
La magnitud del despliegue contrasta, sin embargo, con la participación directa documentada de los militares en causas penales. Una revisión de los expedientes públicos presentados desde el inicio de la operación encontró referencias a la Guardia Nacional en aproximadamente el 1,3% de los casos criminales, equivalentes a 217 expedientes. Los guardias aparecen efectuando detenciones temporales, ayudando a policías o actuando como testigos, pero muchas de esas intervenciones estuvieron relacionadas con hurtos, evasiones de transporte y otras infracciones menores, no con la mayoría de los homicidios y agresiones graves.
Los datos generales muestran al mismo tiempo que Washington sí registra mejoras importantes en varios indicadores de seguridad. Hasta el 19 de agosto, los homicidios habían caído cerca de 32% frente al mismo período de 2025, mientras los robos de vehículos disminuyeron alrededor de 52% y los delitos contra la propiedad retrocedieron en conjunto. La administración atribuye buena parte de esa evolución al operativo federal, que reúne no solo a militares, sino también a policías locales, U.S. Marshals, FBI, DEA, ATF y otras agencias que trabajan bajo una estructura común.
El problema aparece cuando los resultados de toda esa fuerza conjunta se presentan como si dependieran directamente de los soldados desplegados por Trump. El operativo acumula más de 16.000 arrestos realizados por el conjunto de organismos participantes, pero esa cifra no corresponde exclusivamente a la Guardia Nacional. Además, mientras los homicidios bajan con fuerza, el total de delitos violentos permanece ligeramente por encima del año anterior debido al aumento de las agresiones con armas peligrosas, una categoría que muestra que la reducción del crimen no es uniforme en toda la ciudad.

La distribución territorial de la Guardia agrega otra dificultad al modelo de seguridad aplicado en la capital estadounidense. Gran parte de las intervenciones documentadas se concentra en el centro de Washington, estaciones de transporte, monumentos y zonas de alta circulación, mientras los barrios que acumularon alrededor del 82% de los homicidios de los últimos cinco años registraron muy pocas actuaciones militares vinculadas a expedientes penales. Esa diferencia no demuestra que los guardias nunca patrullen esas áreas, pero sí muestra que su actividad documentada está orientada principalmente hacia presencia visible y prevención en espacios específicos.

El despliegue deja así una pregunta sobre eficiencia que puede acompañar a Trump durante el resto de la operación. La presencia militar parece tener capacidad para disuadir determinados delitos oportunistas y reforzar la seguridad de áreas federales, pero su contribución directa frente a la violencia más grave sigue siendo limitada frente al volumen de efectivos y al costo del dispositivo. Washington tiene hoy menos homicidios y menos delitos contra la propiedad, pero también miles de soldados cuyo papel principal continúa siendo preventivo, mientras el desafío más complejo permanece en los barrios donde policías e investigadores enfrentan las causas estructurales de la violencia.