Madres de Plaza de Mayo y 40 mil contra la autoamnistía: qué pasó hace 43 años

Unas 40.000 personas marcharon el 19 de agosto de 1983 hasta la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar una ley que la dictadura militar todavía no había firmado. Hoy se cumplen 43 años.

La convocatoria salió de los organismos de derechos humanos y, por primera vez en ese tipo de acto, los partidos políticos adhirieron de manera expresa. Faltaban poco más de dos meses para las elecciones del 30 de octubre.

La marcha no logró un freno inmediato. El 22 de septiembre de 1983, el presidente de facto Reynaldo Bignone promulgó la Ley 22.924, llamada oficialmente "Ley de Pacificación Nacional" y conocida desde el primer día como Ley de Autoamnistía.

Qué decía la ley contra la que marchaban

El artículo 1 declaraba "extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva" entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

En el mismo párrafo extendía ese beneficio a los hechos realizados para "prevenir, conjurar o poner fin" a esas actividades. Traducido: amnistiaba a los militares y a los integrantes de las organizaciones armadas con el mismo texto. Alcanzaba a autores, partícipes, instigadores, cómplices y encubridores.

Pero la parte más dura era el artículo 5. Establecía que nadie podía ser "interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna" por esos hechos, ni por saber algo sobre sus autores.

No prohibía solamente juzgar. Prohibía preguntar. Ese era el texto que los familiares de los desaparecidos ya conocían cuando salieron a la calle el 19 de agosto.

Cómo fue la marcha

La columna principal la encabezaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo. Detrás iban cientos de familiares con los retratos de los detenidos-desaparecidos.

La multitud ocupó más de diez calles. Las cifras varían: la reconstrucción de Clarín habló de 40.000 personas; materiales educativos basados en documentación de la Comisión Provincial por la Memoria mencionan 35.000.

Hubo tensión. Cuando se leyó la adhesión de Raúl Alfonsín, militantes peronistas respondieron con la marcha partidaria y empezaron las corridas. "Los desaparecidos son de todo el pueblo, no de un solo partido", contestó Bonafini con el megáfono.

Los jueces que la anularon con Bignone en el poder

El 24 de septiembre de 1983, dos días después de la promulgación, los jueces de instrucción Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco declararon nula la ley porque había sido dictada por un gobierno sin facultades para hacerlo.

"Esa declaración de impunidad nos pareció obscena", recordó Ledesma en una entrevista con la Comisión Provincial por la Memoria.

Los dos integraron después la Cámara Federal que juzgó a los comandantes en 1985.

Por qué cayó acá y no en Chile ni en Uruguay

El Congreso democrático no derogó la autoamnistía: el 22 de diciembre de 1983 la declaró "insanablemente nula", es decir, sin valor desde el día en que se firmó.

La diferencia era decisiva. El Código Penal manda aplicar siempre la ley más favorable al acusado. Si la 22.924 hubiera sido válida y después derogada, los militares podían reclamarla igual. Por eso la Ley 23.040 aclaró que quedaba "inaplicable" ese principio. Fue la primera norma sancionada por el Congreso tras la vuelta de la democracia.

Los países vecinos siguieron otro camino. En Chile, el Decreto Ley 2.191 de 1978 continúa vigente de manera formal. En Uruguay, la Ley de Caducidad fue sometida a referéndum el 16 de abril de 1989 y la opción de anularla perdió por 57% a 43%.

Qué pasó después

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, Alfonsín firmó el Decreto 158/83 y creó la CONADEP, que elaboró el informe "Nunca Más".

La sentencia del Juicio a las Juntas se leyó el 9 de diciembre de 1985: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera recibieron reclusión perpetua; Roberto Viola, 17 años; Armando Lambruschini, 8; y Orlando Agosti, 4.