Una auditoría interna de la Dirección de Comedores Escolares detectó irregularidades por más de $100 millones en el manejo de los recursos destinados a la alimentación de alumnos de 37 establecimientos educativos de Concordia. El relevamiento puso bajo la lupa las compras realizadas, las cantidades de beneficiarios declaradas y la documentación utilizada para justificar el destino de los fondos.
Según la documentación que publicó la agencia Noticias Argentinas, durante marzo y abril de 2025 se detectó una diferencia de $103.738.136. Las inconsistencias fueron incorporadas a un expediente administrativo que derivó posteriormente en una investigación judicial por presunto peculado.
Los resultados quedaron plasmados en la Resolución Nº 267 del Ministerio de Desarrollo Humano, fechada el 13 de junio de 2025. El documento dispuso iniciar una Información Sumaria para determinar eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales, administrativas o de otra naturaleza.
En paralelo, las actuaciones llegaron a la Unidad Fiscal de Concordia, donde tramitan bajo el Legajo Nº 7046/25, con la carátula “Actuaciones iniciadas de oficio s/Peculado”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montangie, quien en julio de 2025 solicitó a la Dirección de Comedores de la provincia información sobre el personal que cumplía tareas administrativas en la Coordinación de Comedores de Concordia.
El pedido incluyó tanto a empleados de planta permanente como a personas que prestaban servicios para el área.
El origen de la auditoría estuvo relacionado con el cruce entre la cantidad de alumnos que efectivamente recibían el servicio alimentario y las nóminas utilizadas para establecer las partidas presupuestarias.
En ese proceso aparecieron incrementos injustificados en la cantidad de beneficiarios, además de diferencias entre los fondos asignados y las necesidades reales de las escuelas.
La revisión posterior encontró otras situaciones llamativas. Entre ellas, registros que mostraban que la totalidad de una partida podía ser consumida en un solo día, mientras que las compras presentaban una fuerte concentración en apenas tres proveedores.
Al comparar remitos, menús y consumos correspondientes a marzo y abril, los auditores estimaron que había alrededor de $100 millones en mercadería facturada que no figuraba como efectivamente entregada.
Uno de los puntos que también llamó la atención de los investigadores estuvo relacionado con los comprobantes utilizados para respaldar las operaciones.
Ante un requerimiento de los auditores, se informó que determinados cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por la presencia de roedores.
𝐔𝐍𝐀 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈́𝐀 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐂𝐓𝐎́ 𝐌𝐀́𝐒 𝐃𝐄 $𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐍 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐃𝐈𝐀
— Noticias Argentinas (@NAagencia) August 19, 2026
Buenos Aires, 19 agosto (NA) – Una auditoría interna de la Dirección de Comedores Escolares…
Sin embargo, posteriormente fueron presentados cuadernos acompañados por remitos nuevos y recientemente confeccionados, una situación que quedó incorporada al análisis de las autoridades.
Cuando la auditoría amplió su período de revisión e incluyó marzo, abril, mayo y parte de junio, el cálculo de sobrantes e inconsistencias alcanzó aproximadamente $146.223.311.
El relevamiento expuso además las dificultades de control de un esquema en el que los recursos y las adquisiciones se encontraban distribuidos entre numerosos establecimientos, responsables y proveedores.

A partir de las irregularidades detectadas, la Provincia avanzó hacia un sistema con compras centralizadas y licitaciones públicas, acompañado por controles nutricionales y mecanismos destinados a mejorar la trazabilidad.
El objetivo es que cada etapa pueda ser controlada: desde la adquisición de los alimentos y el precio abonado hasta la entrega efectiva de la mercadería en cada escuela.
Mientras la investigación administrativa busca determinar responsabilidades, la causa judicial deberá establecer si las inconsistencias detectadas pueden configurar delitos y quiénes podrían estar involucrados. El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados directamente a la alimentación de niños y adolescentes.
ND