El proyecto de ley impulsado por la senadora bonaerense Fernanda Raverta para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal dio un paso clave en la Legislatura: avanzó en la Comisión de Hacienda del Senado bonaerense y quedó más cerca de llegar al recinto.
La iniciativa propone que el Estado provincial reclame formalmente la restitución del histórico complejo turístico y que, una vez recuperado, vuelva a quedar afectado exclusivamente al turismo social.
El planteo aparece en medio de la discusión por el futuro de los hoteles de Chapadmalal, después de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional sobre el complejo y ante la posibilidad de avanzar con concesiones a privados.
El proyecto sostiene que se produjo una “desnaturalización del fin social” para el cual fueron afectados originalmente los inmuebles y plantea utilizar herramientas administrativas y judiciales para intentar recuperar el predio.
El argumento jurídico se apoya en tres conceptos: la presunta desviación de la finalidad pública original, el incumplimiento del cargo de uso social y la necesidad de preservar el patrimonio histórico provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto de la senadora de La Cámpora es que la Provincia no se limita a reclamar la administración del complejo, sino que pretende avanzar sobre la cuestión de la titularidad de los inmuebles.
En ese sentido, el artículo 5 establece que serán “inoponibles” frente a la Provincia determinados contratos de concesión, usufructo, disposición o transferencia de derechos que el Estado nacional pudiera celebrar con terceros si no garantizan el destino social original y el carácter de Monumento Histórico Nacional del complejo.
La propuesta también contempla que esa situación quede registrada ante los organismos correspondientes para advertir a terceros sobre la existencia del reclamo provincial y sobre la eventual nulidad de actos de disposición que contradigan la finalidad social que los impulsores atribuyen al complejo.
Se trata, por lo tanto, de una disputa que podría trascender la discusión política y desembocar en los tribunales si la Provincia avanza con las acciones previstas.

El proyecto establece que, una vez concretada la restitución o toma de posesión, el Gobierno bonaerense deberá garantizar el funcionamiento de la Unidad Turística.
La idea es integrar Chapadmalal a los programas de turismo social que ya existen en la Provincia o a aquellos que se creen específicamente para administrar el complejo.
El texto establece además que se deberá asegurar el acceso prioritario de jubilados, delegaciones escolares y grupos municipales y provinciales que quieran utilizar las instalaciones con fines de turismo social.
Para llevar adelante esa tarea, el Poder Ejecutivo bonaerense debería designar una autoridad de aplicación que tendría a su cargo la administración, el mantenimiento y la gestión integral de la Unidad Turística.
Los fundamentos presentan a Chapadmalal no solamente como un conjunto de hoteles, sino como parte de una política histórica vinculada con el acceso al descanso y al turismo de los sectores populares.
El complejo fue construido durante la década de 1940, a partir de los decretos nacionales 9305/45 y 15.869/45, y quedó asociado desde entonces a las políticas de turismo social.
Según los fundamentos, su desarrollo estuvo vinculado con el objetivo de garantizar que trabajadores y familias de menores recursos pudieran acceder a vacaciones y conocer destinos turísticos que, de otra manera, podían resultar inaccesibles.
El proyecto destaca especialmente el valor simbólico del complejo y recuerda que para muchos argentinos una estadía en Chapadmalal significó incluso conocer el mar por primera vez.
“Esta política pública es, claramente, un valor de la sociedad en su conjunto y un acto de justicia democratizadora de derechos”, sostiene el texto.
El principal cuestionamiento de la iniciativa está dirigido a la posibilidad de que el complejo sea administrado mediante concesiones privadas de largo plazo.
Los fundamentos cuestionan específicamente la posibilidad de establecer esquemas de concesión por 30 años y sostienen que una administración basada en criterios de rentabilidad comercial podría modificar la finalidad histórica del lugar.
Para los impulsores del proyecto, convertir los hoteles en un activo sujeto exclusivamente a una lógica comercial implicaría desconocer el objetivo social con el que fueron concebidos.
El texto plantea que la declaración de Chapadmalal como Monumento Histórico Nacional, concretada en 2013 mediante el Decreto 784/13, no debería limitarse a preservar los edificios.
Por el contrario, sostiene que esa protección también debería alcanzar la función social que históricamente cumplió el complejo.
Otro de los argumentos utilizados por Raverta apunta al origen de las tierras sobre las que fue construido el complejo. Los fundamentos señalan que Chapadmalal se levantó sobre un mosaico de terrenos que incluyó extensiones de tierras fiscales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires.
Desde esa perspectiva, el proyecto sostiene que existe una razón adicional para que la administración bonaerense reclame su recuperación.
La iniciativa describe además el valor ambiental y paisajístico de la zona, ubicada sobre una franja de aproximadamente 20 kilómetros de costa, con acantilados, dunas, arroyos y vegetación.
Así, el reclamo combina tres dimensiones: el dominio y la cuestión jurídica, la preservación patrimonial y el destino social del complejo.