En medio de la preocupación mundial por el fenómeno de El Niño, el Gobierno nacional ya puso en marcha un esquema federal de prevención y respuesta.
El objetivo es anticiparse a un escenario que podría combinar lluvias superiores a las habituales, crecidas de ríos, inundaciones y anegamientos, especialmente en la región de la Cuenca del Plata.
El instrumento oficial es el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional y diseñado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Su período de operación se extiende desde el segundo semestre de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.
La preocupación oficial no parte de la certeza de que vaya a producirse una emergencia de grandes dimensiones, sino de la necesidad de preparar con anticipación una estructura de respuesta frente a un escenario climático que puede aumentar los riesgos hidrológicos.
El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un fenómeno climático de escala global que puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones.
En Argentina, uno de los puntos centrales de atención está puesto sobre la Cuenca del Plata, debido a la posibilidad de que determinadas condiciones asociadas al fenómeno favorezcan períodos de lluvias más abundantes y, en consecuencia, aumenten la presión sobre ríos, arroyos, sistemas de drenaje e infraestructura.
El Gobierno tomó como antecedente el episodio de ENOS de 2015. Según los datos citados en el propio plan y provenientes de un informe de la CEPAL, aquel evento generó daños estimados en unos US$687 millones y pérdidas superiores a US$3.065 millones. La superficie afectada alcanzó 689.332 kilómetros cuadrados y comprendió 87 departamentos, con una población aproximada de 10 millones de personas.
El Plan ENOS 2026/2027 identifica como área prioritaria a ocho jurisdicciones vinculadas con la Cuenca del Plata: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El documento aclara, además, que el esquema puede extenderse a otras provincias si la evolución del fenómeno y de las emergencias así lo requiere.
La elección de estas jurisdicciones no es casual. Allí confluyen buena parte de los grandes cursos de agua de la región y zonas históricamente expuestas a crecidas, inundaciones y anegamientos.
El plan establece que las defensas y protecciones civiles provinciales tendrán un papel central en la respuesta, mientras que la Nación aportará capacidades técnicas, logísticas y operativas a través de distintos organismos.
Uno de los principales objetivos es que la reacción estatal comience antes del desastre.
El documento plantea promover actividades de prevención y respuesta frente a inundaciones y crecidas, pero también fortalecer la coordinación técnica y operativa entre las provincias y el Estado nacional dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).
Para eso, la Agencia Federal de Emergencias deberá impulsar un esquema de trabajo federal con las provincias, organizar encuentros de articulación y coordinar tareas de identificación, planificación y manejo de información.
El seguimiento tendrá distintos componentes. El plan contempla informes científicos y técnicos semanales elaborados con participación del Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA).
A su vez, el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) deberá plasmar diariamente la evolución de la situación en sistemas georreferenciados, mientras que el INA y el SMN tendrán a su cargo la activación de alertas tempranas ante crecidas o fenómenos meteorológicos severos.
El plan no queda limitado al Ministerio de Seguridad. Entre los organismos que intervienen aparecen la Agencia Federal de Emergencias, las fuerzas federales de seguridad, las defensas civiles provinciales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), el INA, el SMN, la CONAE y OMEGA.
Cada área tendrá una función específica. DINESA deberá realizar tareas de vigilancia epidemiológica; Vialidad Nacional informará sobre el estado y transitabilidad de las rutas; las Fuerzas Armadas aportarán información sobre los recursos operativos disponibles; y el SINAME tendrá a su cargo la integración y representación de la información científica y operativa.
La lógica es construir un sistema en el que la información circule antes y durante una emergencia, de modo que los recursos puedan ser enviados hacia las zonas que más los necesiten.
Una de las particularidades del plan es que no se limita a enumerar organismos, sino que establece distintos niveles de coordinación.
En el nivel estratégico se ubican los Centros de Operaciones de Emergencia (COE), responsables de la toma de decisiones y de la coordinación interinstitucional.
En el nivel operativo se contempla la coordinación del personal y de los recursos federales en territorio, mientras que el nivel táctico comprende a las unidades móviles y los equipos que intervienen directamente en el lugar de la emergencia.
La intención es evitar que cada organismo actúe por separado cuando una inundación, una crecida o un evento meteorológico severo requiera una intervención simultánea.
#SuperNiño
— Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 13, 2026
Según ultimo informe de la NOAA, El Niño seguirá fortaleciéndose hasta el final del año, entre octubre y diciembre existe un 69% de probabilidad de tener un evento histórico.
Con un evento de esta magnitud, las probabilidades de experimentar impactos consistentes con… pic.twitter.com/kZ5r3ydskm
El plan también dedica un capítulo específico a las comunicaciones. La premisa es sencilla: durante una emergencia, las redes tradicionales pueden quedar afectadas justamente cuando más se necesita transmitir información.
Por eso se diseñó un esquema basado en la redundancia de las comunicaciones. El documento establece como principios la existencia de medios alternativos, la interoperabilidad entre organismos, la seguridad de las comunicaciones y la posibilidad de mantener autonomía operativa en escenarios adversos.
Entre las herramientas previstas aparecen telefonía móvil, enlaces satelitales Starlink, la red federal P25, radios HF, VHF y UHF, sistemas de video mediante vehículos aéreos no tripulados, plataformas interoperables y trailers móviles de comunicaciones.
Ante una situación crítica, la central de tráfico deberá reforzar su personal para funcionar las 24 horas, los siete días de la semana. También podrán activarse redes radioeléctricas de protección civil, sistemas federales de comunicaciones y brigadas especializadas de Bomberos Voluntarios.
El plan no plantea que una eventual llegada de El Niño implique automáticamente una catástrofe. La preocupación está relacionada con el aumento de la probabilidad de determinados eventos hidrometeorológicos y con la necesidad de tener capacidad de respuesta si ocurren.
Entre los principales riesgos aparecen las crecidas de ríos, inundaciones, anegamientos, interrupciones de rutas, aislamiento de poblaciones y afectación de servicios e infraestructura crítica.
Por eso el documento plantea que las ocho provincias y jurisdicciones involucradas dispongan de recursos propios, mientras que la Nación podrá complementar ese despliegue con recursos de Seguridad, Defensa, Vialidad Nacional y DINESA.
La activación del Plan ENOS 2026/2027 representa, en definitiva, un intento del Gobierno de transformar un pronóstico climático en una estrategia concreta de prevención.
La experiencia de 2015 aparece como uno de los principales antecedentes para justificar la preparación. En aquella oportunidad, la magnitud territorial del fenómeno obligó a distintas provincias y al Gobierno nacional a declarar la emergencia hídrica en sectores del Litoral y la región pampeana.
Ahora el desafío pasa por otro lugar: que el monitoreo, las alertas, las comunicaciones y la coordinación con las provincias no funcionen solamente cuando el agua ya haya avanzado, sino con suficiente anticipación.
El propio plan plantea que la complejidad de los escenarios hidrometeorológicos y la cantidad de actores involucrados hacen necesario contar con procedimientos claros y criterios uniformes para utilizar los recursos disponibles y reducir los tiempos de respuesta.
Con el fenómeno El Niño como escenario de riesgo para los próximos meses, la apuesta oficial es precisamente esa: anticiparse, coordinar y llegar preparados antes de que una alerta meteorológica se transforme en una emergencia concreta.