La situación judicial de Fernando Gabriel Cerimedo en Bolivia quedó a la espera de una decisión clave luego de que la Fiscalía solicitara formalmente que permanezca bajo detención preventiva durante un plazo máximo de 180 días, en el marco de la investigación que se lleva adelante en Santa Cruz de la Sierra.
El requerimiento, al que accedió NewsDigitales, permite conocer los argumentos con los que la acusación busca sostener la detención del consultor político argentino mientras continúa la producción de pruebas. La medida todavía debe ser evaluada por la Justicia y, por lo tanto, no implica que Cerimedo vaya a permanecer detenido durante los seis meses solicitados.
Según consta en el documento de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la fiscal requirió para Cerimedo "la medida excepcional de detención preventiva" en el centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, ubicado en La Paz.
En el mismo apartado se plantea que la detención podría extenderse hasta el plazo máximo de 180 días. El escrito fundamenta la solicitud en las características del delito investigado y en los riesgos procesales que, según sostiene la acusación, existirían si recuperara la libertad.

Uno de los argumentos centrales del requerimiento está vinculado con el posible entorpecimiento de la investigación. La Fiscalía sostiene que el riesgo alcanzaría a testigos, personas del entorno de la víctima y otros participantes que todavía deben ser identificados plenamente. En ese contexto, plantea la posibilidad de que se ejerzan presiones, amenazas o se ofrezcan dádivas para condicionar testimonios u omitir información ante los investigadores.
A partir de ese razonamiento, la acusación considera que la permanencia de Cerimedo en libertad podría afectar el normal desarrollo del proceso. Será la autoridad judicial la que deberá determinar si esos argumentos resultan suficientes para disponer la prisión preventiva y, en ese caso, durante cuánto tiempo.
Cerimedo figura en la documentación como imputado dentro de una investigación por tentativa de femicidio. La causa se tramita bajo la legislación boliviana y se encuentra todavía en etapa investigativa, por lo que sobre el argentino no existe una condena.
El pedido de los 180 días también está acompañado por un extenso listado de actos investigativos que, según el documento, permanecen pendientes.
Entre ellos aparece la realización de una inspección y reconstrucción de los hechos, además de la declaración informativa de Maicol Linares Gómez, identificado como administrador del Hotel Swissotel, y los testimonios de empleados de seguridad del establecimiento.
Los investigadores también pretenden tomar declaración a los paramédicos de la ambulancia que trasladó a la víctima a una clínica.
Otro punto relevante pasa por las comunicaciones. La Fiscalía solicitó requerimientos a las empresas telefónicas Entel, Viva y Tigo para obtener el flujo de llamadas del número del denunciado e identificar los contactos registrados durante el día del hecho.
A eso se suma la intención de realizar una triangulación de llamadas entre los números telefónicos de la víctima y el imputado.

La investigación también apunta sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Entre las medidas pendientes figura una pericia de informática forense sobre un teléfono celular y una computadora atribuidos al imputado.
En paralelo, la Fiscalía pretende avanzar con pericias balísticas para establecer si el calibre de las vainas extraídas del cuerpo de la víctima coincide con otros elementos de interés para la causa, además de reconstruir la trayectoria balística en el lugar del hecho.
La lista se completa con la búsqueda de imágenes provenientes de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones de la escena, material que posteriormente sería sometido a una pericia.
La documentación policial incorporada al expediente señala que Cerimedo prestó declaración informativa el 18 de agosto en Santa Cruz de la Sierra en calidad de denunciado. Allí quedó asentado que la investigación corresponde a un presunto femicidio en grado de tentativa ocurrido ese mismo día.
Con el requerimiento fiscal ya presentado, el próximo movimiento queda en manos de la Justicia boliviana: deberá resolver si acepta la detención preventiva solicitada y, eventualmente, si establece los 180 días reclamados por la acusación o dispone una medida diferente mientras continúa la investigación.