Qué puede cambiar en San Luis si Diputados aprueba el proyecto de reforma constitucional

La reforma constitucional de San Luis dio un paso clave y ahora la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados. El Senado provincial aprobó la declaración de necesidad y conveniencia de una reforma parcial de la Constitución, con un proyecto que propone modificaciones profundas en la estructura institucional de la provincia y, particularmente, en el funcionamiento de la Justicia.

La iniciativa obtuvo seis votos a favor y tres en contra y no implica que los cambios queden automáticamente incorporados a la Constitución. Si finalmente la Legislatura habilita el proceso, será una Convención Constituyente elegida por voto popular la que tendrá la responsabilidad de discutir y aprobar las modificaciones. El proyecto propone modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y sumar cuatro nuevos capítulos al texto constitucional.

La Justicia, en el centro de la discusión

Uno de los capítulos más importantes está relacionado con el Ministerio Público. La reforma propone separarlo del Poder Judicial y avanzar hacia una estructura con dos autoridades diferenciadas: una Procuración General y una Defensoría General. El objetivo declarado es dotar de mayor independencia a ambos organismos y establecer estructuras específicas para su conducción y para los procedimientos vinculados con la eventual destitución de sus máximas autoridades.

El Procurador General y el Defensor General serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial. La propuesta supone, de esta manera, una modificación sustancial del actual diseño institucional y abre una discusión política sobre cómo debe organizarse el Ministerio Público y cuáles deben ser los mecanismos para garantizar su autonomía.

Cambios para llegar a la magistratura

El proyecto también endurece los requisitos para acceder a cargos judiciales. La exigencia de ejercicio profesional o desempeño en determinadas funciones vinculadas con la Justicia pasaría de tres a cinco años. La modificación apunta a elevar el requisito de experiencia previa para quienes pretendan incorporarse a la magistratura, en un contexto donde la reforma busca rediseñar también el mecanismo de selección de jueces.

Otro de los ejes centrales es el Consejo de la Magistratura. La iniciativa contempla modificar su composición mediante la incorporación de representantes de la academia y del Senado provincial. Además, los concursos de antecedentes deberán derivar en un orden de mérito. A partir de allí se conformará una terna que será elevada al Poder Ejecutivo.

La propuesta establece que esa terna tendrá carácter vinculante, aunque el Ejecutivo podrá apartarse del orden de mérito. En ese caso, deberá explicar y fundamentar expresamente las razones de su decisión. El mecanismo busca combinar la participación política propia del sistema institucional con criterios objetivos de antecedentes y concursos.

Cuatro años antes de dar otro salto

La reforma también incorpora una condición de permanencia mínima. Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público deberán permanecer al menos cuatro años en sus cargos antes de poder acceder a nuevas funciones. La medida busca evitar movimientos demasiado rápidos dentro de la estructura judicial y establecer un período mínimo de estabilidad antes de una eventual promoción o cambio de función.

Otro de los puntos que seguramente generará debate es el régimen de edad para quienes integran el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. El proyecto establece un límite de 75 años. Sin embargo, llegar a esa edad no significaría necesariamente el retiro automático. La propuesta contempla la posibilidad de continuar en el cargo mediante una nueva designación, con acuerdo del Senado y a propuesta del Poder Ejecutivo, siempre que se mantengan las condiciones de idoneidad y aptitud.

El senador Carlos García defendió el mecanismo y sostuvo que la estabilidad de los funcionarios judiciales es necesaria para preservar su independencia, pero aclaró que esa estabilidad no debería transformarse en una permanencia indefinida sin mecanismos de evaluación. La iniciativa incorpora además una cláusula transitoria para evitar que el nuevo límite se aplique retroactivamente: alcanzaría exclusivamente a quienes sean designados y asuman sus funciones después de la eventual entrada en vigencia de la reforma.

Inteligencia artificial y cambios políticos

La reforma puntana también busca actualizar el texto constitucional frente a los cambios tecnológicos. El proyecto habilita la incorporación de principios y derechos vinculados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, además de contemplar la incorporación del hábeas data. El planteo introduce una discusión que empieza a aparecer con mayor frecuencia en los procesos de reforma constitucional: cómo adaptar las garantías tradicionales a una realidad atravesada por datos personales, algoritmos e inteligencia artificial.

Aunque el capítulo judicial concentra buena parte de la iniciativa, uno de los cambios políticos más relevantes está relacionado con la reelección del gobernador. El proyecto propone modificar el artículo 147 para establecer una prohibición absoluta de reelección después de dos períodos, sean consecutivos o alternados.

De acuerdo con la propuesta, el período 2023-2027 será computado como el primero. La modificación podría convertirse en uno de los puntos de mayor discusión cuando el proyecto llegue a Diputados y, eventualmente, a la Convención Constituyente.

Una nueva agenda electoral

La reforma también plantea modificar el calendario legislativo. Las sesiones ordinarias pasarían a extenderse desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre. Además, tanto la Cámara de Diputados como el Senado provincial renovarían íntegramente sus bancas cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador.

De aprobarse, el cambio modificaría la dinámica política de la provincia y concentraría en un mismo proceso electoral la definición de los principales cargos institucionales.

Diputados tiene ahora la palabra

El Senado ya dio su primer paso. Ahora la pelota está en la Cámara de Diputados. Si Diputados acompaña la declaración de necesidad de reforma, el debate dejará definitivamente el ámbito exclusivo de la Legislatura y pasará a una instancia constituyente.

Allí estará la discusión verdaderamente decisiva: qué Constitución quiere San Luis para la próxima etapa política e institucional de la provincia.