20/08/2026 - Edición Nº1290

Política

CLAVES JURÍDICAS

La decisión del Consejo de la Magistratura que volvió a enfrentar a jueces y abogados

20/08/2026 | La votación terminó 6 a 3 y expuso una fuerte disputa atravesada por la inminente renovación del organismo.



La pelea por los honorarios profesionales volvió a sacudir al Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina resolvió sancionar con una multa equivalente al 35% del salario al juez civil Carlos Goggi, quien había declarado de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423, que regula los honorarios de los abogados.

La decisión fue aprobada por seis votos contra tres y constituyó la máxima sanción prevista por el reglamento para este tipo de situaciones. Pero la discusión estuvo lejos de limitarse a un expediente disciplinario: durante el debate aparecieron acusaciones cruzadas sobre independencia judicial, poder corporativo, honorarios profesionales y hasta la utilización electoral de una discusión que tiene a abogados y magistrados enfrentados desde hace tiempo.

Carlos Coggi

Una sanción que encendió la interna

La resolución fue respaldada por los abogados César Grau y Jimena De La Torre y por los legisladores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez. En contra votaron los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola. Diego Barroetaveña no se encontraba conectado al momento de la votación.

El expediente se originó en una denuncia presentada por el Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las decisiones de Goggi contra la Ley 27.423. La norma establece un mecanismo para determinar los honorarios profesionales de los abogados vinculado con la remuneración de los jueces federales. Para Goggi, ese sistema resultaba inequitativo y por eso decidió no aplicarlo en los casos sometidos a su jurisdicción.

De los honorarios a la guerra por el poder

La discusión rápidamente dejó de ser exclusivamente jurídica. Durante la reunión, la proximidad de las elecciones para renovar el Consejo de la Magistratura apareció como telón de fondo, mientras el intercambio entre los consejeros subió de temperatura cuando se discutió si correspondía seguir postergando el tratamiento del expediente.

Luis Juez reclamó avanzar con la definición y preguntó: “¿Cuánto tiempo más vamos a demorar esto?”. El presidente de la comisión, César Grau, también intervino ante el cruce y apuntó contra quienes, según entendió, estaban sobreactuando sus posiciones en plena campaña electoral.

La discusión dejó expuesta una de las tensiones más fuertes que atraviesan al Consejo: quién controla a los jueces cuando una decisión judicial impacta directamente sobre los intereses económicos de los abogados.

De La Torre fue al hueso

La consejera Jimena De La Torre defendió con firmeza la aplicación de la sanción y apuntó contra la situación generada por las decisiones de Goggi. Su frase resumió buena parte del conflicto: “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”.

El planteo puso sobre la mesa una cuestión política que excede el expediente: mientras los magistrados cuentan con una remuneración mensual garantizada, los abogados dependen de que sus honorarios sean regulados y efectivamente cobrados.

Para el sector de la abogacía, declarar inconstitucional el régimen de honorarios no sería entonces una cuestión meramente técnica, sino una decisión con consecuencias económicas concretas.

Los jueces hablaron de “comisariato judicial”

Desde el estamento judicial, la lectura fue completamente diferente. Alberto Lugones cuestionó que el Consejo pudiera sancionar a un magistrado por el contenido de sus decisiones y advirtió que el procedimiento podía convertirse en un mecanismo de presión sobre la independencia judicial.

En términos particularmente duros, sostuvo que se estaba abriendo “el comisariato judicial”. El consejero recordó además que la Cámara había revocado las decisiones cuestionadas y sostuvo que la cuestión no podía transformarse en una sanción disciplinaria por el criterio jurídico adoptado por el juez. “Acá no estamos haciendo campaña. El año que viene termina mi gestión acá y no quiero irme con esta mancha”, respondió Lugones.

“Hoy somos todos Goggi”

Alejandra Provítola también cuestionó el procedimiento y calificó la situación como de “gravedad institucional”. La consejera rechazó que el conflicto pudiera explicarse únicamente por una disputa entre estamentos y advirtió que la cercanía de las elecciones potenciaba las posiciones enfrentadas.

“Hoy somos todos Goggi”, resumió. La frase sintetizó la preocupación del sector judicial: que la sanción contra un juez por una decisión jurisdiccional pueda convertirse en un precedente para futuros controles sobre el contenido de las sentencias.

Los abogados también jugaron fuerte

Del otro lado, la defensa de los intereses de los abogados tuvo un argumento económico concreto. Vázquez puso el foco en la diferencia entre la situación de un magistrado y la de un profesional independiente.

“Quiero que traten a los abogados como corresponde”, afirmó. Y graficó la diferencia con una frase contundente: “Los jueces el 31 miran el homebanking y tienen el sueldito. Para el abogado no es así”.

El planteo apunta a una realidad conocida por los profesionales: una regulación de honorarios no necesariamente implica que el abogado cobre de inmediato, especialmente cuando la discusión debe continuar en instancias superiores.

Juez cuestionó la desobediencia a la Cámara

Luis Juez, por su parte, centró su argumento en el comportamiento procesal posterior de Goggi. Según sostuvo, el magistrado había sido advertido en reiteradas oportunidades respecto del criterio establecido por la Cámara Civil y, pese a ello, continuó sosteniendo su posición.

“La sanción es por hacer lo que se le ocurre, por no respetar la orden jerárquica”, afirmó. Y agregó que a Goggi se le había advertido en cinco oportunidades sobre lo que debía hacer.

La discusión plantea así otro problema institucional: hasta dónde llega la independencia de un juez para sostener una interpretación jurídica propia cuando el tribunal superior ya estableció un criterio diferente.

La pelea no terminó con Goggi

La sanción se produjo durante una reunión en la que también avanzaron otros expedientes disciplinarios. La Comisión resolvió unificar denuncias y notificar conforme al artículo 11 del reglamento a los jueces de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, en una causa vinculada con una denuncia por presunta manipulación para intervenir en un expediente y hostigamiento laboral.

El caso podría avanzar hacia la Comisión de Acusación. Al mismo tiempo, fueron desestimadas denuncias formuladas por el juez federal de Rosario Gastón Salmain contra uno de los magistrados que intervienen en las causas que lo comprometen.

Un Consejo atravesado por la elección

La sanción contra Goggi terminó exponiendo algo que excede ampliamente el expediente: el Consejo de la Magistratura atraviesa una disputa política y corporativa de alto voltaje. Abogados y jueces mantienen posiciones enfrentadas sobre los honorarios. Los legisladores buscan imponer su mirada dentro del organismo. Y, en paralelo, se aproxima la renovación de sus integrantes.

En ese escenario, una multa del 35% del sueldo a un juez que declaró inconstitucional una ley de honorarios se convierte inevitablemente en algo más que una sanción disciplinaria. Es también una señal política sobre los límites del poder de los magistrados, el alcance del control disciplinario y el peso que tendrán abogados, jueces y representantes parlamentarios en el próximo Consejo de la Magistratura. La pelea por Goggi, en definitiva, recién empieza.

 

Relacionadas
Más Noticias