La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una actuación para determinar si el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea le transfirieron al IOSFA los aportes que surgieron de las liquidaciones judiciales de sueldos militares.
El expediente lleva el número 550/2026. El 18 de agosto, el organismo le pidió información al administrador del cierre del IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán.
Antes de eso hubo un ida y vuelta entre la obra social y el Ejército que terminó sin acuerdo.
El 3 de junio, Guzmán le pidió al jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Zarich, las liquidaciones de los pagos judiciales hechos entre enero de 2015 y enero de 2026. Once años de datos.
Zarich contestó el 10 de junio y rechazó el planteo.

Sostuvo que los conceptos "Contribución a la Obra Social" y "Contribución a la Obra Social Ajustada" no eran créditos que el IOSFA pudiera reclamar. Los definió como "referencias contables necesarias para reconstruir el haber del actor".
En castellano: para el Ejército, esos montos aparecían en la planilla solo como cuenta matemática para calcular cuánto le correspondía a cada demandante, sin generar una deuda con la obra social.
Zarich agregó que las liquidaciones se hicieron según las pautas del Ministerio de Defensa y que la plata recibida se destinó a pagarles a los militares: retroactivos, intereses y honorarios.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas funciona dentro del Ministerio Público Fiscal e investiga irregularidades en la administración pública. No dicta condenas: reúne información y, si detecta un delito, puede impulsar una denuncia penal.
Le pidió al IOSFA cuatro cosas:
Ese último punto es el más filoso: apunta a posibles irregularidades dentro del propio organismo.
Todo sueldo militar tiene un descuento para la obra social, y la Fuerza aporta otra parte como empleador.
Durante años, los aumentos se otorgaron como sumas fijas "no remunerativas": se pagaban, pero no contaban para calcular aguinaldo, jubilación ni aportes. La práctica arrancó en los años noventa, durante la gestión de Domingo Cavallo.
El conflicto se profundizó con el Decreto 1305/2012, que creó dos suplementos: "Responsabilidad Jerárquica" y "Administración de Material".
Militares en actividad y retirados fueron a la Justicia para que se reconociera que eso era sueldo. Ganaron en numerosos casos.
Si esos montos eran sueldo, sobre las diferencias retroactivas también correspondían los aportes a la obra social. Esa porción no es del militar: es del IOSFA. Ahí está el nudo.
La denuncia que originó la intervención incluyó una proyección del eventual perjuicio: $149.465.494.400.
El número no es oficial. Surge de tomar un caso testigo de cinco beneficiarios y proyectarlo sobre un universo estimado de 80.000 personas, más una estimación de las otras fuerzas.
Para dimensionarlo: el IOSFA arrastra una deuda que ronda los $213.902 millones.
En febrero, el Gobierno dispuso por el Decreto 88/2026 la disolución del IOSFA y la creación de dos obras sociales nuevas: OSFA, para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y OSFFESEG, para Gendarmería y Prefectura.
El plazo máximo es de 365 días. El IOSFA debe dejar de existir el 5 de febrero de 2027.
Mientras tanto funciona de manera residual y cubre solo lo urgente: medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Hay más de 500.000 beneficiarios en esa transición.
Si al organismo le faltó plata que le correspondía, esa diferencia se pierde con el cierre.
El primer paso es la respuesta del IOSFA. De ahí saldrá si hubo transferencias, si hubo reclamos formales cuando no las hubo y qué tratamiento recibieron dentro de la administración.
Recién con esa información la Procuraduría podrá determinar si hubo irregularidades y si corresponde avanzar.