El Gobierno de Javier Milei modificó la estructura de competencias de los ministerios nacionales mediante el Decreto 771/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida sustituye distintos incisos de la Ley de Ministerios y establece un nuevo esquema para la intervención estatal en materia alimentaria, sanitaria y de prevención de las adicciones.
El decreto sostiene que las modificaciones resultan necesarias para alcanzar una “mejor gestión de gobierno” y dispone una redistribución de atribuciones entre los ministerios de Salud y Economía, especialmente en materia de fiscalización sanitaria y control de productos vinculados con la alimentación.
Uno de los cambios centrales consiste en otorgarle al Ministerio de Salud la rectoría y normatización en materia de alimentos dentro de su ámbito de competencia. Economía, en tanto, conservará funciones vinculadas con la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera y el control de la sanidad, calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios.
El Ejecutivo argumentó que esta reorganización permitirá delimitar con mayor precisión las responsabilidades de cada cartera y evitar superposiciones. La modificación también alcanza a productos de higiene, tocador, cosmética humana y uso doméstico, sobre los cuales Salud concentrará la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado.
Pero el aspecto políticamente más novedoso del decreto aparece en otro terreno: la ludopatía. A partir de la modificación, el Ministerio de Salud tendrá entre sus atribuciones el diseño y ejecución de políticas públicas vinculadas con la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas.
El Gobierno fundamentó la decisión en datos del Observatorio Argentino de Drogas correspondientes al Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025. Según los considerandos del decreto, más de una cuarta parte de los estudiantes consultados manifestó haber realizado apuestas con dinero durante el último año, con una prevalencia especialmente significativa en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales.
La preocupación oficial apunta especialmente al crecimiento de las apuestas a través de plataformas digitales y a la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y detección temprana. El decreto considera a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego y su persistencia pese a las consecuencias negativas.
La norma también advierte sobre su posible impacto en la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral. Con ese diagnóstico, la Casa Rosada decidió incorporar formalmente el problema dentro de las políticas sanitarias nacionales, junto con la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos.
El Decreto 771/2026 no crea nuevos ministerios ni modifica por sí mismo la cantidad de carteras del Poder Ejecutivo. Su impacto está en otro lugar: rediseña las competencias que la Ley de Ministerios asigna a distintas áreas del Gobierno.
La medida sustituye los incisos 74 del artículo 20 y 16, 20 y 47 del artículo 23 de la Ley 22.520. El decreto entró en vigencia el mismo día de su dictado y deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, de acuerdo con el procedimiento establecido para los decretos de necesidad y urgencia.
Con esta decisión, el Gobierno busca ordenar el reparto de funciones entre sus ministerios y, al mismo tiempo, instalar la problemática de las apuestas como una cuestión de política sanitaria. La señal política es clara: la ludopatía deja de aparecer únicamente asociada al juego y pasa a ser abordada desde el Estado como un problema de salud pública.
Mientras tanto, Economía conserva un amplio campo de acción sobre la fiscalización sanitaria de la producción y comercialización de alimentos. Así, el Gobierno de Milei vuelve a modificar el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo, esta vez mediante una medida que combina reorganización administrativa, control sanitario y una nueva política frente al avance de las apuestas digitales.