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22/08/2026 - Edición Nº1292
Política
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Ofensiva K por las tarifas de internet y celular: qué buscan ahora en Diputados
22/08/2026 | El proyecto de Teresa García otorgaría al Estado mayores facultades para intervenir sobre precios, calidad, cobertura y condiciones de acceso.
Teresa García en el acto de Parque Lezama por la liberación de Cristina Kirchner.
La diputada nacional Teresa García, dirigente de estrecha cercanía política con Cristina Kirchner, presentó un proyecto de ley que busca declarar a la telefonía móvil e internet como servicios públicos esenciales y estratégicos.
La iniciativa apunta a recuperar herramientas de regulación estatal sobre un sector que, durante los últimos años, atravesó fuertes cambios normativos y quedó nuevamente bajo un esquema de mayor libertad para las empresas.
La propuesta pretende modificar la Ley Argentina Digital y establecer un nuevo marco para determinar las tarifas, garantizar una prestación básica universal y ampliar las obligaciones de las compañías.
El eje central es que el acceso a internet y al teléfono celular deje de quedar exclusivamente sujeto a la lógica de oferta y demanda y pase a contar con una regulación específica del Estado.
NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO
— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) August 21, 2026
La comunicación es el rubro que más aumentó en la era Milei según el INDEC, mucho más que la inflación.
Por eso presenté un proyecto de Ley para declarar a internet y a la telefonía móvil como servicio público esencial. pic.twitter.com/QvENbiyX4V
Qué propone Teresa García
El proyecto plantea reincorporar a la Ley 27.078 el carácter de "servicio público esencial y estratégico en competencia" para los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La medida alcanzaría especialmente a internet y telefonía móvil y otorgaría a la autoridad de aplicación mayores facultades para intervenir sobre precios, calidad, cobertura y condiciones de acceso.
Uno de los cambios más relevantes aparece en el artículo referido a las tarifas. Las empresas podrían continuar fijando sus precios, pero deberían hacerlo bajo parámetros considerados "justos y razonables", con capacidad para cubrir los costos de una explotación eficiente y contemplando un margen razonable de operación.
La regulación debería considerar criterios objetivos como los costos del servicio, los estándares de calidad, la cobertura y la comparación con tarifas aplicadas a servicios similares en otros países.
Así, crea un mecanismo mediante el cual la autoridad de aplicación tendría facultades para regular las tarifas de los servicios considerados públicos. Es decir, las compañías no quedarían con libertad absoluta para determinar los precios.
La iniciativa establece que las tarifas deberán responder a criterios de eficiencia, calidad y costos, además de contemplar comparaciones internacionales.
A esto se suma una obligación para las empresas de telefonía móvil e internet: deberían participar del nuevo Servicio Universal y Accesible de Conectividad (SUAC) y ofrecer un paquete básico de servicios con estándares de calidad y accesibilidad determinados por la reglamentación, a tarifas accesibles.
Un nuevo esquema de servicio universal
La iniciativa también busca transformar el actual concepto de Servicio Universal en un "Servicio Universal y Accesible de Conectividad".
El objetivo sería garantizar que todos los habitantes puedan acceder a servicios de TIC en condiciones de calidad, accesibilidad y precios considerados justos y razonables, sin que la ubicación geográfica, la situación socioeconómica, la edad o las capacidades sean obstáculos.
El proyecto establece además categorías específicas de atención, entre ellas personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y comunidades originarias, hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, zonas rurales y de frontera, establecimientos educativos y de salud públicos.
También contempla tarifas sociales y líneas gratuitas de atención y emergencia para situaciones de violencia de género.
Teresa García en la Cámara de Diputados
El antecedente de Cristina Kirchner y la Ley Argentina Digital
Los fundamentos de García recuperan una historia normativa que comenzó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
En 2014 se sancionó la Ley 27.078, conocida como Ley Argentina Digital. Según recuerda el proyecto, aquella norma declaró de interés público el desarrollo de las TIC y estableció en su artículo 15 el carácter de servicio público esencial y estratégico para determinados servicios TIC en competencia.
La iniciativa actual busca recuperar esa definición y darle nuevamente jerarquía de ley.
En sus fundamentos, García también cita una frase de Cristina Kirchner pronunciada durante aquella etapa: "Estado e igualdad son dos términos inseparables". Esa concepción es presentada como uno de los principios políticos que inspiran el nuevo proyecto.
Qué hizo Mauricio Macri
El siguiente capítulo de la historia se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 derogó el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, eliminando la declaración de servicio público que ahora García busca restablecer mediante una nueva ley.
La propuesta interpreta aquel cambio como el comienzo de una etapa de modificaciones sucesivas en la regulación de las telecomunicaciones.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el esquema volvió a cambiar. En agosto de 2020, en plena pandemia de coronavirus, el Decreto 690/2020 declaró a las TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos y otorgó al Estado facultades de regulación sobre las empresas.
También estableció que las prestadoras debían fijar sus precios de manera justa y razonable.
Para García, aquel decreto representó una recuperación de las herramientas estatales que habían sido eliminadas durante la gestión anterior.
Milei desreguló nuevamente el sector
Con Javier Milei en la Presidencia, el camino volvió a cambiar. El DNU 302/2024 derogó el Decreto 690/2020 y devolvió a las empresas la facultad de establecer libremente sus tarifas. Posteriormente, la Resolución 13/2024 del ENACOM eliminó el tope del 10% mensual que regía para los aumentos y liberó los precios de telefonía móvil, internet fija y televisión paga desde julio de ese año.
Ese proceso constituye el principal argumento económico utilizado por García para justificar su iniciativa.
Según los datos incorporados a los fundamentos, entre abril de 2023 y abril de 2024 la inflación interanual general fue del 289,4%, mientras que el rubro "comunicación" registró un aumento del 369,1%.
El proyecto también menciona como ejemplo una factura de telefonía celular que pasó de $5.159 en octubre de 2023 a $18.390 en junio de 2024, siempre según los datos citados en los fundamentos.
La discusión por la brecha digital
La iniciativa no se limita a las tarifas. También apunta a la cobertura. El proyecto cita datos según los cuales Argentina tenía 80,9 accesos fijos a internet cada 100 hogares durante el primer trimestre de 2025. Además, señala fuertes diferencias entre jurisdicciones y una brecha entre generaciones.
Por eso, propone crear un Plan Nacional de Conectividad con metas concretas de cobertura, calidad y accesibilidad, especialmente para zonas rurales, fronterizas y sectores vulnerables.
Otro cambio importante es la creación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y Accesible de Conectividad.
El fondo tendría patrimonio estatal y administraría los recursos destinados a los programas de conectividad. El proyecto establece que no podría ser disuelto ni modificarse su objeto sin una ley del Congreso.
Según los fundamentos, se busca recuperar un mecanismo que había sido disuelto por el Decreto 6/2025, aunque se mantuvo la obligación de aporte del 1% para los licenciatarios de servicios TIC.
