marcha de endeudados
23/08/2026 - Edición Nº1293
Política
Diputados
Hasta 8 años de cárcel: la dura propuesta contra los prestamistas barriales
23/08/2026 | "El prestamista informal puede ser simultáneamente temido y reconocido", admiten los legisladores peronistas en el proyecto. Cómo cambiaría el Código Penal.
La dualidad del prestamista barrial en el centro de la escena.
Un grupo de diputados peronistas presentó un proyecto de ley para crear una figura penal específica destinada a sancionar la explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.
La iniciativa apunta especialmente a los denominados prestamistas barriales o informales, aunque sus autores aclaran que no buscan criminalizar el préstamo entre particulares ni la ayuda económica dentro de una comunidad.
El proyecto propone incorporar el artículo 175 ter al Código Penal y establece penas de entre dos y seis años de prisión para quienes, de manera habitual y con ánimo de lucro, otorguen préstamos fuera del sistema financiero formal, se aprovechen de la vulnerabilidad económica del deudor y establezcan condiciones "manifiestamente desproporcionadas" respecto del dinero entregado.
La propuesta lleva como título "Protección de víctimas de la explotación crediticia en contextos de vulnerabilidad territorial" y está firmada, entre otros, por Juan Carlos Molina, Andrea Freites, Juan Marino, Gabriela Pedrali, Roxana Monzón, Nancy Sand, Jimena López, Jorge Chica, Paula Penacca, Diego Giuliano, José Glinski, Ana María Ianni y Horacio Pietragalla Corti.
El vacío que busca cubrir el proyecto
Los autores parten de una problemática concreta: existe una porción de la población que queda fuera del sistema financiero formal y que, ante una urgencia, termina recurriendo a circuitos informales de crédito.
El proyecto menciona entre los sectores más expuestos a trabajadores no registrados, personas sin garantías formales, familias sin historial crediticio y quienes atraviesan situaciones patrimoniales que les impiden acceder a un préstamo bancario. "Sobre ese vacío aparecen circuitos informales de financiamiento", explican los fundamentos.
La escena que describen es cotidiana: una persona necesita dinero para comprar alimentos, reparar su vivienda, afrontar una emergencia familiar, atender una enfermedad o compensar una interrupción temporal de sus ingresos. Sin acceso a un banco o a una financiera, el prestamista del barrio aparece como una alternativa rápida.
El problema, según los diputados, surge cuando esa relación deja de ser simplemente un préstamo informal y se transforma en un mecanismo de explotación.
La dualidad del prestamista barrial
Uno de los aspectos más particulares del proyecto es que no presenta al prestamista informal únicamente como una figura asociada al delito. Los fundamentos reconocen explícitamente la dualidad que puede existir dentro de los barrios.
"El prestamista informal puede ser simultáneamente temido y reconocido", señala el texto. En determinadas comunidades puede imponer condiciones extremadamente gravosas y, al mismo tiempo, colaborar con un comedor, ayudar a una familia ante una emergencia, financiar una celebración o realizar aportes a una institución local.
Por eso, para algunos vecinos puede ser "el único que ayuda". Esa particular relación es central para entender el espíritu de la iniciativa. Los autores sostienen que, en territorios donde las instituciones estatales o los mecanismos formales de financiamiento llegan tarde o directamente no llegan, determinados actores informales pueden ocupar ese espacio.
La consecuencia es una relación compleja en la que pueden convivir "asistencia, dependencia, gratitud, necesidad económica y temor".
Esto lo escuchamos cada vez más seguido en nuestros barrios, en el interior de nuestro país, en lugares donde está difícil vivir.
— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) August 19, 2026
Estamos trabajando en diputados para que esto tenga un límite… no sólo el hambre, la falta de laburo, el endeudamiento familiar… sino también los… https://t.co/zeFWjCX993
El poder no siempre necesita una amenaza explícita
Los fundamentos ponen especial énfasis en lo que denominan "temor reverencial". La idea es que la presión sobre el deudor no necesariamente tiene que expresarse mediante una amenaza directa. Puede surgir del conocimiento que tiene la persona sobre el poder económico, las relaciones o la influencia que el prestamista posee dentro del barrio.
"El temor puede funcionar aun antes de ser pronunciado", sostiene el proyecto.
Según los legisladores, estar endeudado con alguien que tiene una fuerte presencia económica y social en la comunidad puede limitar la libertad de decisión del deudor y generar una situación de subordinación que no queda correctamente reflejada si el caso se analiza solamente como un contrato entre dos particulares.
Qué quieren convertir en delito
La iniciativa establece una serie de condiciones que deberían presentarse conjuntamente para configurar el nuevo delito: habitualidad, finalidad de lucro, vulnerabilidad socioeconómica, condiciones crediticias manifiestamente desproporcionadas y una inserción territorial que otorgue al prestamista una posición de ascendencia o capacidad de condicionamiento comunitario.
La pena básica propuesta es de dos a seis años de prisión. Pero puede subir a entre tres y ocho años si el prestamista utiliza su posición dentro de la comunidad para presionar al deudor, recurre a amenazas, intimidaciones u hostigamiento, involucra a familiares, intenta apropiarse de bienes en condiciones desproporcionadas o actúa junto con otras personas o tiene múltiples víctimas.
El proyecto también busca evitar que la definición de "interés excesivo" quede completamente librada a una interpretación subjetiva.
Establece como pauta objetiva de "desproporción manifiesta" que el monto total exigido supere en más de tres veces la tasa activa promedio publicada por el Banco Central para operaciones de crédito personal no bancario.
Pero no se analizaría solamente la tasa nominal. También deberían considerarse el capital efectivamente entregado, el plazo de devolución, la frecuencia de los pagos, los cargos adicionales y cualquier otro concepto económico aplicado al deudor.
El objetivo es evitar que una tasa formalmente presentada de determinada manera esconda un costo final mucho mayor.
Unpopular opinion; No, la gente no se endeuda para comer.
— Martin Tetaz (@martintetaz) August 20, 2026
La clase media bancarizada, o que usa plataformas, dedica menos del 40% de su ingreso a comer ( de hecho en la ultima encuesta de gasto de los hogares del INDEC dedican 23% a alimentos y bebidas no alcoholicas).
Además el…
No quieren criminalizar todo préstamo informal
Los propios autores remarcan que la iniciativa no pretende convertir en delito cualquier préstamo realizado fuera del sistema financiero.
"El proyecto no pretende criminalizar la influencia comunitaria, la solidaridad barrial, ni el préstamo informal, considerado aisladamente", sostienen los fundamentos.
La diferencia estaría en el uso de esa posición para explotar económicamente a una persona vulnerable.
En otras palabras, el proyecto intenta separar "solidaridad e instrumentalización de la solidaridad" y "ascendencia comunitaria y utilización de esa ascendencia como mecanismo de sometimiento económico".
