El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó una decisión que sorprendió dentro de la propia Legislatura: vetó por completo una ley que había sido aprobada por unanimidad y que buscaba establecer un mecanismo permanente para medir qué ocurre con las normas una vez sancionadas. La medida abrió una discusión institucional y dejó expuestas diferencias dentro del oficialismo.

El rechazo ingresó a la Cámara el 20 de agosto mediante el Decreto 1.939/14, firmado por Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El Ejecutivo sostuvo que el sistema aprobado excedía las facultades de control político de la Legislatura y avanzaba sobre atribuciones reservadas al gobernador.
La iniciativa había sido presentada como expediente 83-PL-26 por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse junto con representantes de distintos bloques. Su objetivo era evaluar el grado de implementación, cumplimiento, eficacia, eficiencia, impacto y resultados de las leyes provinciales.
El proyecto también contemplaba pedidos periódicos de información a los organismos encargados de ejecutar las normas y la creación de un Laboratorio de Medición de Impacto integrado por tres legisladores. Esos mecanismos fueron cuestionados por el Ejecutivo porque, según su interpretación, podían convertirse en una intervención sobre la administración provincial.
El decreto invocó los artículos 3 y 101, inciso 3, de la Constitución de Tucumán. La argumentación oficial sostiene que cada poder debe mantenerse dentro de las atribuciones que le fueron asignadas y que corresponde al gobernador dictar las instrucciones y reglamentos necesarios para ejecutar las leyes.
Pero el dato político es que la norma había sido aprobada sin votos en contra durante la sesión del 30 de julio. El respaldo incluyó a legisladores alineados con Jaldo, por lo que el veto no representa solamente un enfrentamiento con la oposición.
La autora del proyecto, además, pertenece al peronismo y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. De esta manera, una iniciativa construida desde la propia Legislatura terminó chocando con la posición del Ejecutivo provincial.
Durante el tratamiento, los impulsores habían advertido sobre leyes que quedan sin reglamentación o cuyos resultados nunca son evaluados. Entre los ejemplos mencionaron normas vinculadas con adicciones, dislexia y juego responsable.

La propuesta buscaba justamente establecer una herramienta para conocer si las leyes aprobadas efectivamente se cumplen y qué impacto tienen. Jaldo no cuestionó la necesidad de controlar la aplicación de las normas, pero consideró que el mecanismo elegido avanzaba sobre facultades del Ejecutivo.
Ahora la oposición anticipó que buscará insistir con la iniciativa, mientras algunos sectores del oficialismo deberán definir si mantienen el respaldo que habían expresado en julio. Por el momento, el sistema quedó fuera de vigencia y el seguimiento de las leyes continuará mediante los mecanismos parlamentarios existentes.
El veto dejó así una escena incómoda para el oficialismo tucumano: una ley que había conseguido unanimidad en la Legislatura terminó siendo frenada por el propio gobernador que conduce el espacio mayoritario.