Movimientos en la Justicia Federal: qué puede pasar en Mar del Plata, Tucumán y Santa Cruz

El mapa de la Justicia Federal podría experimentar cambios importantes en distintos puntos del país. En el Congreso avanzan proyectos que buscan ampliar la capacidad de respuesta de tribunales en Mar del Plata y Tucumán, mientras que otra iniciativa propone eliminar una Cámara creada hace más de una década en Santa Cruz que nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

Las propuestas obtuvieron dictamen durante un plenario de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presididas por los libertarios Álvaro Martínez y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

Más allá del trámite parlamentario, las iniciativas plantean una discusión concreta sobre el funcionamiento cotidiano de la Justicia: cómo distribuir mejor los expedientes, reducir demoras y destinar recursos a las jurisdicciones que concentran una mayor carga de trabajo.

Los casos, sin embargo, son diferentes. Mientras que en Mar del Plata y Tucumán existe consenso para ampliar estructuras que ya funcionan, en Santa Cruz se abrió una disputa sobre qué hacer con una Cámara Federal creada por ley en 2015 pero que, once años después, nunca fue habilitada.

Una segunda sala para la Justicia Federal de Mar del Plata

Uno de los proyectos propone crear una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, una modificación que apunta directamente a distribuir la carga de expedientes.

La iniciativa llega con un importante respaldo político: obtuvo media sanción unánime en el Senado y ahora consiguió también dictamen de mayoría unánime en Diputados.

Alejandro Carrancio, de La Libertad Avanza, acompañó el diagnóstico y calificó la creación de la segunda sala como una “necesidad imperiosa”. Por su parte, Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, sostuvo que la reforma busca atender una necesidad que existe desde hace décadas y explicó que la nueva sala permitiría mejorar el acceso a la Justicia y reducir el “cuello de botella”, particularmente en las causas de tratamiento más sencillo.

¿Qué significaría el cambio si finalmente se convierte en ley? La Cámara podría repartir los expedientes entre dos salas, aumentando su capacidad para intervenir en las causas que llegan a esa instancia y buscando reducir los tiempos derivados de la concentración del trabajo en la estructura actual.

Tucumán: una reforma que alcanza a tres provincias

Una modificación similar se plantea para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que también pasaría a estar organizada en dos salas. En este caso, el impacto territorial sería más amplio porque la jurisdicción comprende causas provenientes de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado con 61 votos y obtuvo dictamen de mayoría unánime en Diputados, por lo que cuenta con un fuerte nivel de consenso entre los distintos espacios políticos.

La diputada Elia Fernández, de Independencia, sostuvo que la modificación permitiría brindar “más agilidad y mayores respuestas” a la población de las tres provincias.

Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, señaló además que la reorganización tendrá incidencia directa sobre su provincia y consideró que permitirá acompañar procesos destinados a mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Al igual que en Mar del Plata, la lógica consiste en ampliar la capacidad de una Cámara existente para distribuir su volumen de trabajo y evitar que la acumulación de expedientes se transforme en mayores demoras para quienes esperan una resolución judicial.

Santa Cruz, el caso que divide al Congreso

La situación de Santa Cruz es completamente diferente y concentra la principal discusión política entre los tres proyectos.

La iniciativa impulsada por José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, propone derogar la Ley 27.154, que creó la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedra Buena.

La norma fue sancionada en 2015, pero la Cámara nunca llegó a ser habilitada por la Corte Suprema. Es decir, existe jurídicamente desde hace más de una década, aunque nunca comenzó a funcionar.

Garrido planteó que mantener esa estructura carece de sentido y propuso que los recursos previstos puedan destinarse a otros lugares donde exista una necesidad concreta.

“Lo mejor sería darla de baja y que se puedan reasignar los recursos necesarios para aportarle a aquellos lugares donde realmente se necesitan”, sostuvo.

A diferencia de los proyectos de Mar del Plata y Tucumán, en este caso no hubo unanimidad: los diputados firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría.

Desde Unión por la Patria rechazaron la eliminación de la Cámara y llevaron la discusión hacia otro terreno: la presencia territorial del Estado nacional en la Patagonia.

Juan Carlos Molina advirtió que utilizar la baja densidad demográfica como argumento para retirar instituciones nacionales podría perjudicar sistemáticamente a la región.

“Si la baja densidad demográfica se convierte en argumento para retirar instituciones nacionales, entonces la Patagonia siempre va a perder”, cuestionó el legislador, quien consideró que el proyecto podría generar un “precedente alarmante”.

Su compañero de bloque Jorge Araujo Hernández también rechazó la derogación y propuso buscar alternativas para que la Cámara destinada a la Patagonia Austral finalmente pueda comenzar a funcionar, incluso mediante otra ubicación física para su sede.

Qué tiene que pasar ahora

Por el momento, ninguno de estos cambios está vigente. Los dictámenes permiten que los proyectos continúen su recorrido parlamentario y eventualmente lleguen al recinto de la Cámara de Diputados.

Mar del Plata y Tucumán parten con una ventaja importante: ambas iniciativas ya cuentan con media sanción del Senado. Si Diputados las aprueba sin modificaciones, el Congreso completará su sanción y podrán ser enviadas al Poder Ejecutivo.

El caso de Santa Cruz tendrá una discusión diferente debido a la falta de consenso que quedó reflejada en los dictámenes de mayoría y minoría.

Detrás de los tres expedientes aparece, en definitiva, una misma pregunta con respuestas distintas: cómo reorganizar la Justicia Federal para reducir demoras y utilizar mejor sus recursos.

En Mar del Plata y Tucumán, la respuesta que ganó consenso consiste en ampliar la estructura existente. En Santa Cruz, en cambio, el Congreso deberá decidir si termina con una Cámara que nunca funcionó o si, después de once años, busca finalmente convertirla en una institución operativa.