El Gobierno nacional oficializó nuevos valores para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que deberán aplicarse sobre los servicios correspondientes a agosto.
La medida fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad a través de la Resolución 2775/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La actualización será del 2,1%, porcentaje que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
De esta manera, el Ejecutivo continúa con el esquema de ajustes mensuales del Nomenclador de Prestaciones Básicas. En julio, los aranceles habían registrado un incremento del 1,9%.
La actualización alcanza a los distintos servicios incluidos en el Nomenclador y modifica los valores que reciben los prestadores por la atención brindada.
Entre los nuevos montos, un Centro de Día categoría A con jornada doble tendrá un arancel de $1.101.566,06, frente a los $1.078.908,97 establecidos anteriormente.
En la categoría B, el arancel para un Hogar con Centro Educativo Terapéutico (CET) permanente quedó fijado en $2.824.518,71, mientras que una Residencia Permanente pasará a $1.133.384,56.
Por su parte, dentro de la categoría C, el Hogar Permanente tendrá un valor de $1.383.759,91, mientras que la Residencia Permanente quedó establecida en $1.047.812,39.
Los nuevos importes deberán incorporarse a las liquidaciones correspondientes a las prestaciones brindadas durante agosto.

La resolución también mantiene un adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones que se brindan en la región patagónica.
El diferencial busca contemplar los mayores costos que enfrentan las instituciones de la zona por cuestiones relacionadas con las distancias, la logística y la provisión de servicios.
El Gobierno indicó que el esquema de actualizaciones mensuales en función de la inflación fue acordado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y se aplica en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según la explicación oficial, el mecanismo apunta a preservar el valor de los honorarios y brindar mayor previsibilidad a los prestadores.

La actualización llega en un contexto marcado por los reclamos de los prestadores por los valores de los aranceles y las demoras en los pagos.
En mayo, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a los prestadores, luego de un amparo colectivo presentado por facturas impagas y dificultades para sostener las prestaciones.
En ese momento, el Ministerio de Salud atribuyó los retrasos a un proceso de reorganización derivado del traspaso del programa desde la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que trabajaba para regularizar la situación.
Con la nueva resolución, los aranceles vuelven a moverse en línea con la inflación, mientras el sector continúa siguiendo de cerca tanto la evolución de los valores como el cumplimiento de los pagos.