El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, en medio de un escenario de fuerte tensión entre el Estado, los prestadores y las organizaciones que vienen reclamando por la implementación efectiva de la emergencia en discapacidad.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma establece un incremento del 2,10% para los aranceles correspondientes a agosto, calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Además, mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
La actualización llega después del aumento del 1,90% aplicado para julio y vuelve a poner en el centro de la discusión una cuestión que atraviesa al sistema de discapacidad: si las actualizaciones vinculadas al IPC alcanzan para recomponer la situación económica de los prestadores.
La Resolución 2775/2026 establece que los valores del nomenclador vigente se incrementarán 2,10% durante agosto, sin establecer diferencias según el tipo de prestación.
El cálculo se realiza sobre los valores que habían sido actualizados mediante la Resolución 2227/2026, correspondiente al mes de julio.
La Secretaría Nacional de Discapacidad justificó la decisión en la necesidad de adecuar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y en el acuerdo alcanzado por el Directorio del sistema.
En términos prácticos, se trata de una actualización automática vinculada a la evolución de los precios: el aumento de agosto toma como referencia el IPC de julio.
La resolución también ratifica el adicional del 20% para las prestaciones realizadas en la región patagónica, en línea con lo establecido por la Ley 24.901.
La medida se conoce en un contexto particularmente sensible para el sector.
Desde hace meses, prestadores, instituciones, profesionales y organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen reclamando que el Estado avance con la implementación efectiva de la emergencia en discapacidad y con una recomposición más profunda de los valores que reciben por sus servicios.
Uno de los principales puntos de conflicto es precisamente el nomenclador. El reclamo del sector no se limita a que exista una actualización mensual, sino que apunta a conseguir una recomposición de mayor magnitud que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y cubrir el incremento de los costos que enfrentan los prestadores.
A esto se suma otro problema central: la normalización de las deudas acumuladas con prestadores, una cuestión que afecta especialmente a instituciones que trabajan con estructuras de costos elevadas y dependen de los pagos del sistema para sostener su funcionamiento.
Por eso, aunque la resolución representa una nueva actualización formal de los aranceles, el debate de fondo continúa abierto.

Así quedaron los montos en algunas de las modalidades de la categoría A: