$1 billón, rutas y plazos fijos: las claves de una nueva pelea entre Quintela y Milei

Más de $1 billón, fondos destinados a infraestructura vial, colocaciones en plazos fijos y letras del Tesoro y rutas que, según la gobernación de La Rioja, quedaron sin las obras necesarias. Esa combinación abrió un nuevo capítulo en la disputa política entre Ricardo Quintela y el Gobierno de Javier Milei, pero esta vez el conflicto llegó a los tribunales.

La provincia pidió ser aceptada como querellante en la causa que investiga el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), utilizados para financiar la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial nacional.

El planteo riojano apunta a reconstruir qué ocurrió con esos fondos y determinar si las colocaciones financieras realizadas con parte del dinero fueron simplemente una administración transitoria de los recursos o si, como sospecha la provincia, terminaron apartándolos de la finalidad específica para la cual habían sido recaudados. La eventual existencia de delitos y las responsabilidades de los funcionarios involucrados deberán ser determinadas por la Justicia.

El número que disparó la polémica

El principal dato de la presentación aparece en el saldo que registraban los recursos del SISVIAL al 31 de mayo de 2026. Según la documentación incorporada al expediente por La Rioja, había $1.001.017.908.957 colocados en instrumentos financieros, entre plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.

Pero la discusión no pasa únicamente por la existencia de esas inversiones. El punto que busca esclarecer la Justicia es qué ocurrió mientras los recursos permanecieron colocados y cuánto dinero fue efectivamente utilizado para cumplir con el objetivo del sistema vial.

La Rioja sostiene que durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei fueron asignados al SISVIAL alrededor de $1,5 billones, mientras que unos $394.406 millones habrían sido destinados a obras y mantenimiento.

De acuerdo con el cálculo provincial, eso representaría una ejecución del 26,2% y una subejecución cercana al 73,8%.

Esas cifras forman parte de la presentación realizada por la provincia y serán materia de investigación. Por sí mismas, las colocaciones financieras no permiten concluir que haya existido un desvío ilegal de fondos: precisamente uno de los puntos centrales del expediente será determinar bajo qué condiciones se realizaron y si respetaron el destino previsto para esos recursos.

Quintela quiere entrar en la causa

El gobierno de Ricardo Quintela pidió ser admitido como querellante, una figura que le permitiría intervenir activamente en el expediente e impulsar medidas de prueba.

La denuncia busca determinar si en la administración de los fondos pudieron existir delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El planteo alcanza al presidente Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y a funcionarios vinculados con la administración de los recursos, además de autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina que hayan participado de las operaciones investigadas.

La inclusión de sus nombres en la presentación no implica que exista responsabilidad penal acreditada. Esa cuestión deberá ser determinada a partir del avance de la investigación.

La provincia también solicitó preservar documentación que considera necesaria para reconstruir el recorrido del dinero desde enero de 2024.

Entre los elementos requeridos aparecen instrucciones, expedientes, correos electrónicos, registros contables y bancarios y documentación relacionada con las colocaciones de los recursos.

El objetivo es reconstruir la cadena de decisiones desde el Ministerio de Economía hasta las operaciones realizadas por el Banco Nación en su carácter de fiduciario y establecer qué intervención tuvieron las autoridades de Vialidad Nacional.

Las rutas detrás de la pelea por los fondos

La presentación busca llevar la discusión más allá de los movimientos financieros. La Rioja sostiene que la baja ejecución de los recursos tuvo consecuencias concretas sobre las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Uno de los casos señalados es la Ruta Nacional 76, un corredor importante para el oeste riojano y para la conexión internacional a través del Paso de Pircas Negras.

Según el planteo provincial, Vialidad Nacional dejó de renovar el convenio de Transferencia de Funciones Operativas mediante el cual Vialidad Provincial realizaba tareas de mantenimiento en determinados sectores.

La Rioja afirma que decidió continuar con esos trabajos utilizando recursos propios para garantizar la transitabilidad y calcula que, durante la actual gestión nacional, destinó cerca de $900 millones a esas tareas.

También cuestiona la paralización de la pavimentación de la Ruta Nacional 76 en el sector de la Quebrada de Santo Domingo, considerada estratégica para las localidades del oeste provincial y para una futura conexión bioceánica con Chile.

El reclamo incluye además el estado de las rutas nacionales 78, 79 y 141, donde la provincia reportó baches, deformaciones y problemas de mantenimiento.

Una discusión que excede a La Rioja

Aunque Quintela decidió llevar el reclamo a la Justicia desde el impacto que denuncia en su provincia, el interrogante de fondo tiene alcance nacional.

El SISVIAL fue diseñado para financiar infraestructura vial con recursos que poseen una finalidad determinada. Por eso, una de las cuestiones centrales será establecer qué margen existía para colocar temporalmente ese dinero en instrumentos financieros y si esa administración resultó compatible con el cumplimiento de las obras y tareas para las cuales había sido asignado.

La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió con los recursos, cómo fueron administrados y si existieron irregularidades.

Para Quintela, el expediente suma un nuevo frente a una relación con la Casa Rosada atravesada por sucesivos enfrentamientos políticos y económicos. Para el Gobierno nacional, abre una discusión judicial sobre la administración de una cifra que supera el billón de pesos.

En el medio quedan las rutas y una pregunta que será clave para la causa: cuánto de ese dinero estuvo disponible para obras, cuánto permaneció invertido y si esas decisiones respetaron el destino que establecía el sistema vial.