57 universidades paradas y clases frente a Macri: qué pasó el 24 de agosto de 2018

Hace exactamente ocho años, el 24 de agosto de 2018, el conflicto entre los gremios docentes universitarios y el gobierno de Mauricio Macri atravesaba uno de sus momentos de mayor tensión.

Con las universidades nacionales paralizadas desde hacía tres semanas, docentes y estudiantes llevaron el reclamo al centro político del país: la Plaza de Mayo se convirtió en un aula abierta frente a la Casa Rosada.

La jornada fue una de las postales más visibles de una disputa que, aunque había comenzado con eje en los salarios, rápidamente incorporó otros reclamos vinculados con el presupuesto universitario, las obras de infraestructura y los recursos para el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Una universidad pública frente a la Casa Rosada

La medida fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Durante toda la jornada se desarrollaron más de cien clases públicas, con docentes y estudiantes ocupando distintos sectores de la Plaza de Mayo.

Más de 70 cátedras de la Universidad de Buenos Aires participaron de la iniciativa. Hubo pizarrones improvisados, carpas y grupos de estudiantes sentados en el piso. El frío y la lluvia no impidieron que la actividad continuara durante buena parte de la tarde.

El entonces presidente de la FUBA, Julián Asiner, calificó la jornada como "realmente un éxito" y destacó que se había logrado sostener la actividad pese a las condiciones climáticas.

Para los organizadores, la protesta excedía a la UBA. La movilización formaba parte de un conflicto nacional que también había generado marchas, tomas de rectorados, asambleas y otras acciones en universidades de Córdoba, Rosario, La Rioja, La Plata y distintas ciudades del país.

El reclamo salarial que detonó el paro

El conflicto había comenzado formalmente el 6 de agosto de 2018. Los gremios docentes rechazaban la propuesta salarial del Gobierno, que contemplaba un aumento del 15% en cuotas, mientras las organizaciones sindicales reclamaban una recomposición del 30%, acompañada por una cláusula de revisión o gatillo frente a una inflación que ya comenzaba a superar las previsiones oficiales.

El Gobierno había otorgado previamente un incremento del 5% desde mayo y otro 5,8% en agosto. Luego aplicó un aumento a cuenta del 10,8%, pero la medida tampoco logró destrabar la negociación.

"Nos ofrecen un 15% a pagar en tres cuotas, que es lo mismo que ofrecía en marzo", cuestionaba por entonces Federico Montero, secretario general de Feduba, quien señalaba además el impacto de la devaluación y la aceleración inflacionaria sobre los ingresos de los docentes.

Los sindicatos sostenían que la oferta estaba muy por debajo de la evolución de los precios. El reclamo salarial se convirtió así en el principal motor de una protesta que fue ganando respaldo dentro de las propias universidades.

El conflicto ya no era solamente por los salarios

La disputa incorporaba además una dimensión presupuestaria. Los gremios denunciaban un recorte de aproximadamente 3.000 millones de pesos, la paralización de obras de infraestructura y demoras en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades.

"Hay efectivamente una política de agresión y de ataque hacia la educación pública y la universidad pública", sostenía Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica.

El dirigente entendía que el reclamo salarial había dejado de ser una cuestión exclusivamente sindical y que estudiantes, docentes y distintos órganos de cogobierno universitario se habían incorporado a la protesta.

El escenario se repetía en buena parte del sistema universitario. Unas 57 universidades nacionales tenían afectado el inicio del segundo cuatrimestre: algunas directamente no habían comenzado las clases y otras funcionaban de manera parcial.

La respuesta del Gobierno y la polémica por los datos

Mientras las clases públicas se desarrollaban en Plaza de Mayo, desde el oficialismo intentaron instalar otra lectura del conflicto.

El entonces funcionario de la Jefatura de Gabinete Iván Petrella difundió en redes sociales una serie de placas bajo el mensaje: "¿Qué está pasando con las universidades? Va algo de info para ampliar la discusión".

Entre otros datos, sostenían que el presupuesto universitario había aumentado 104% en los dos años anteriores, que representaba el 96% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario y que el incremento salarial ofrecido del 10,8% equiparaba la inflación del período marzo-junio.

Las cifras fueron cuestionadas por especialistas y referentes universitarios. El sociólogo Daniel Schteingart sostuvo que, con la propuesta oficial y una inflación del 32%, el poder adquisitivo anual de un docente universitario sería 7% inferior al de 2015.

También hubo críticas por la comparación entre cantidad de docentes y estudiantes. El exdecano de Exactas Jorge Aliaga explicó que esa relación no podía calcularse simplemente dividiendo el número total de docentes por la cantidad de alumnos, porque debían considerarse variables como las materias cursadas simultáneamente, la carga horaria, el tipo de asignatura y la escala de cada carrera.

¿Que está pasando con las universidades? Va algo de info para ampliar la discusión: pic.twitter.com/r6gMLfMOky

— Ivan Petrella (@ipetrella) August 23, 2018

Una escalada que terminó en una gran marcha

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante los días siguientes. El Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el lunes siguiente, mientras los sindicatos anticipaban nuevas medidas de fuerza, tomas y vigilias.

El punto culminante llegaría pocos días después, el 30 de agosto de 2018, con la Marcha Federal Universitaria, que llevó a docentes y estudiantes desde el Congreso hasta el entonces Ministerio de Educación, en el Palacio Sarmiento.