Intervención del Puerto de Ushuaia: 35 preguntas urgentes en Diputados

Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación busca que el Gobierno de Javier Milei informe en detalle los fundamentos, el alcance y las consecuencias de la intervención dispuesta sobre el Puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Andrea Freites y apunta especialmente a conocer qué facultades está ejerciendo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cómo se administran los recursos generados por la actividad portuaria y cuál es la situación de los trabajadores.

La iniciativa sostiene que la intervención de una infraestructura considerada estratégica para Tierra del Fuego tiene implicancias institucionales, económicas, laborales y de seguridad que justifican un control parlamentario exhaustivo.

La intervención del Puerto de Ushuaia y el conflicto entre Nación y Provincia

Según los fundamentos del proyecto, el 21 de enero de 2026, durante la madrugada y con presencia de fuerzas de seguridad y autoridades de la ANPyN, se produjo la toma de posesión de las oficinas del Puerto de Ushuaia y la disposición de su intervención administrativa.

La medida recayó sobre la Dirección Provincial de Puertos, organismo autárquico creado por la Ley Provincial N.º 69. El proyecto plantea como uno de sus principales interrogantes cuál es el límite de las competencias nacionales sobre una estructura portuaria de carácter provincial.

La iniciativa menciona además que, según información que tomó estado público, uno de los antecedentes de la intervención habría sido una denuncia sindical relacionada con el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 1596. Esa norma estableció, de manera excepcional y transitoria, la remisión de excedentes del ente autárquico a un fondo específico destinado al pago de deudas de la obra social provincial.

El proyecto aclara que no pretende dar por acreditada ninguna irregularidad, sino obtener la documentación oficial que permita determinar qué ocurrió, quién tomó las decisiones y bajo qué marco jurídico.

Qué quiere saber Diputados sobre la intervención

Uno de los primeros objetivos es reconstruir el origen administrativo de la medida. Para ello, el proyecto solicita:

• La copia íntegra de la Resolución ANPyN N.º 04/2026 y de todos los actos posteriores relacionados con la intervención.
• El expediente administrativo completo que originó la medida, incluyendo denuncias, informes técnicos y jurídicos, dictámenes y antecedentes.
• La identificación de la autoridad que dispuso la intervención, su fundamento jurídico, las normas invocadas y su alcance temporal y material.
• El detalle de las facultades otorgadas a la intervención y de las competencias que la ANPyN considera que puede ejercer sobre la Dirección Provincial de Puertos, sus bienes, recursos, trabajadores, contratos y operaciones.
• Toda modificación, ampliación, prórroga o nueva disposición que haya alterado el alcance original de la intervención.

El planteo busca así determinar si la medida produjo, de hecho, un desplazamiento de autoridades provinciales y hasta dónde llega la capacidad de actuación de los organismos nacionales.

Personal, contrataciones y posibles restricciones de ingreso

Otro capítulo está dedicado a los trabajadores. El proyecto exige la nómina completa del personal contratado, designado o incorporado desde el 1 de enero de 2026, con información sobre modalidad de contratación, funciones, dependencia, remuneración y fecha de inicio del pago.

También reclama conocer si fueron trasladados trabajadores desde otras localidades, qué organismo los envió y cuánto se gastó en pasajes, alojamiento y viáticos.

Además, solicita información sobre los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos afectados por la intervención y sobre las medidas adoptadas respecto de sus funciones, horarios, remuneraciones y continuidad laboral.

Un punto específico está relacionado con dirigentes y representantes gremiales, especialmente aquellos alcanzados por tutela sindical.

La iniciativa también pregunta si hubo restricciones para ingresar o permanecer en las instalaciones portuarias y reclama el listado de personas y empresas autorizadas a acceder a los muelles desde el 20 de enero de 2026.

Empresas, operadores y autorizaciones

El proyecto pretende conocer qué empresas y operadores están habilitados actualmente para desarrollar actividades en el Puerto de Ushuaia.

Para cada uno, pide información sobre actividad, fecha de habilitación, autoridad que otorgó el permiso y plazo de vigencia.

También exige saber si desde el comienzo de la intervención se otorgaron, suspendieron, modificaron o revocaron autorizaciones, y solicita las resoluciones correspondientes.

El destino de los fondos del puerto, bajo la lupa

Uno de los aspectos centrales del pedido está relacionado con los ingresos y movimientos financieros.

Diputados reclama un detalle de todos los ingresos percibidos desde el 21 de enero de 2026 por la operatoria portuaria, discriminados por concepto, origen, fecha, destinatario y monto.

También pide facturas, recibos, notas de crédito y débito y comprobantes de pago.

El Gobierno deberá informar, además, si hubo transferencias o movimientos de fondos hacia cuentas administradas por la ANPyN, la Administración General de Puertos u otros organismos nacionales. En caso afirmativo, se solicita conocer monto, fecha, cuentas involucradas, acto administrativo que autorizó cada operación y destino posterior.

El pedido incluye también el estado de las cuentas de clientes y operadores, los créditos pendientes de cobro y todos los pagos, contrataciones y gastos realizados con fondos provenientes de la actividad portuaria.

Seguridad, embarcaciones y equipos

El pedido de informes incorpora una dimensión estrictamente operativa. Solicita el registro completo de movimientos de embarcaciones desde el 21 de enero, incluyendo arribos, partidas, tipo de buque, operador y actividad desarrollada.

También exige información sobre incidentes registrados dentro del puerto y las actuaciones realizadas por la Prefectura Naval Argentina.

Otro punto busca conocer las certificaciones vigentes de los equipos de izaje y otros elementos mecánicos, quiénes están habilitados para operarlos y bajo qué instrumento jurídico se utilizan, mantienen y custodian bienes que pertenecen a la Dirección Provincial de Puertos.

La disputa de fondo: federalismo y control estatal

En sus fundamentos, el proyecto plantea que el caso excede una controversia administrativa y alcanza directamente al federalismo argentino.

La cuestión central es determinar cómo se compatibiliza la intervención nacional con las competencias constitucionales y legales de Tierra del Fuego y de su Dirección Provincial de Puertos.

Por eso, el último bloque de preguntas exige conocer cómo se ejercen actualmente las competencias nacionales, si la intervención afectó contratos, concesiones, autorizaciones o derechos de terceros y qué mecanismos de coordinación existen entre la ANPyN, la provincia, la Dirección Provincial de Puertos y la Prefectura.

Por otro lado, la iniciativa señala que el Puerto de Ushuaia no constituye solamente una infraestructura para el movimiento de embarcaciones. Es un punto estratégico para el turismo antártico, la actividad marítima del Atlántico Sur, la conectividad de Tierra del Fuego y la proyección argentina hacia la Antártida.

En ese contexto, la diputada Freites sostiene que cualquier modificación sustancial de su administración debe estar acompañada por transparencia, seguridad jurídica, coordinación institucional y cumplimiento de las normas de seguridad.