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25/08/2026 - Edición Nº1295
Política
Boletín Oficial
Bloqueo de celulares en cárceles: cómo funcionará la nueva jugada de Milei
25/08/2026 | La medida busca ampliar a las cárceles provinciales el sistema que ya se aplica en unidades penitenciarias federales.
El objetivo del Gobierno es homogenizar el procedimiento en todo el país.
El Ministerio de Seguridad creó un nuevo Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa que busca ampliar a las cárceles provinciales el sistema que ya se aplica en unidades penitenciarias federales para detectar teléfonos celulares y bloquear su utilización.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el 21 de agosto y publicada este martes en el Boletín Oficial.
El objetivo central es impedir que personas privadas de la libertad vinculadas con organizaciones criminales puedan utilizar teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios para planificar, coordinar o ejecutar maniobras ilícitas desde el interior de las cárceles.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad
Qué establece la nueva resolución
La resolución crea formalmente el programa dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional y establece un mecanismo de adhesión para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa no obliga automáticamente a las jurisdicciones provinciales a incorporarse. Por el contrario, el artículo 5° las invita a participar mediante la firma de un Convenio de Adhesión.
La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, cuyo titular también queda facultado para suscribir los convenios con las provincias que decidan incorporarse.
De esta manera, el Gobierno nacional busca establecer un mecanismo común para detectar dispositivos utilizados irregularmente dentro de las cárceles y transmitir esa información a las compañías de telefonía móvil para que procedan con el bloqueo correspondiente.
Cómo funcionaría el sistema
El eje de la iniciativa está puesto en la identificación de los dispositivos mediante sus números IMEI e IMSI.
El IMEI es el identificador único asociado a un teléfono celular, mientras que el IMSI identifica al usuario o abonado dentro de una red móvil mediante la tarjeta SIM. El sistema busca utilizar esos datos para detectar qué dispositivos están operando dentro de los establecimientos penitenciarios.
Una vez identificado un equipo dentro de las áreas alcanzadas por el procedimiento, la información podrá ser remitida para solicitar el bloqueo de los elementos vinculados a esa comunicación.
La resolución prevé que el Ministerio de Seguridad Nacional ponga a disposición de las provincias adherentes una "ventanilla única", que funcionará como punto de entrega de la información de los dispositivos detectados a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil.
Las compañías deberán realizar los bloqueos conforme al procedimiento establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y sus normas complementarias.
El objetivo es que una detección realizada en una cárcel provincial pueda traducirse en una acción concreta sobre la línea y el dispositivo involucrado, evitando que continúe funcionando dentro de la red móvil.
Qué se bloquearía
La normativa establece un mecanismo que contempla el bloqueo del IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada, de acuerdo con los datos suministrados y con el procedimiento aprobado previamente para los establecimientos penitenciarios.
El esquema ya había sido incorporado al ámbito federal mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y utilizar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI.
Ahora, la intención es extender esa herramienta a las cárceles provinciales mediante acuerdos específicos.
La normativa también establece que las empresas prestadoras deberán registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
El antecedente: el sistema que ya funciona en cárceles federales
La nueva resolución se apoya en una política que el Gobierno comenzó a implementar durante 2026 en el sistema penitenciario federal.
Según los fundamentos de la medida, la utilización de dispositivos de detección y bloqueo permitió avanzar en una estrategia destinada a prevenir y neutralizar el uso de teléfonos celulares por parte de integrantes de organizaciones criminales alojados en establecimientos penitenciarios.
El Ministerio sostiene que las comunicaciones realizadas desde las cárceles pueden ser utilizadas para mantener estructuras delictivas operativas, coordinar acciones y planificar maniobras ilícitas hacia el exterior.
Por eso, el Gobierno considera que limitar el acceso a las redes móviles constituye una herramienta adicional de seguridad penitenciaria.
Un cambio respecto del régimen general de comunicaciones
La medida se enmarca en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones con familiares, allegados, abogados y otras personas o instituciones vinculadas con su reinserción social.
Sin embargo, la misma normativa establece restricciones específicas. El artículo 160 dispone que están prohibidas las comunicaciones telefónicas mediante equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios y establece que deben instalarse mecanismos tecnológicos adecuados para impedirlas.
El nuevo programa se presenta, justamente, como una herramienta tecnológica para hacer efectiva esa prohibición.
Esto no significa que se elimine el derecho de las personas privadas de la libertad a comunicarse. La legislación penitenciaria contempla canales de comunicación autorizados y regulados por las autoridades de cada establecimiento.
El objetivo de fondo: cortar las comunicaciones criminales desde las cárceles
La apuesta del Gobierno es que las cárceles dejen de ser utilizadas como centros de coordinación de actividades delictivas mediante teléfonos celulares.
La resolución señala expresamente que el programa pretende "prevenir, disuadir y neutralizar" conductas vinculadas con el uso de tecnologías de telecomunicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
El mecanismo combina, de esta manera, tres elementos: detección tecnológica dentro de los establecimientos, identificación de los dispositivos y bloqueo por parte de las empresas de telefonía.
