Un caso aberrante
26/08/2026 - Edición Nº1296
Política
Congreso
Ley Segovia: La Cámpora busca cambiar el Código Penal y frenar la impunidad
26/08/2026 | Alberto Martín del Valle, acusado de abusar sexualmente de su hijastra, permaneció prófugo de la Justicia por más de 14 años.
Alberto Martín del Valle, el sujeto que estuvo prófugo 14 años.
La diputada nacional Luciana Potenza, de La Cámpora, presentó un proyecto de ley denominado "Ley Segovia", que propone modificar el régimen de prescripción de la acción penal en determinados delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad.
La iniciativa apunta a impedir que una persona imputada por esos delitos pueda beneficiarse del paso del tiempo cuando ese mismo imputado se sustrajo deliberadamente del proceso judicial, permaneció prófugo, fue declarado rebelde o tuvo vigente una orden de detención o captura.
El proyecto plantea incorporar una nueva causal de interrupción de la prescripción en el artículo 67 del Código Penal. La propuesta se presenta como una continuidad de las reformas legislativas que en los últimos años modificaron el tratamiento de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El núcleo del proyecto establece que la prescripción de la acción penal se interrumpa mientras el imputado permanezca voluntariamente sustraído del proceso.
La interrupción operaría cuando exista una declaración judicial de rebeldía o una orden vigente de detención o captura y el imputado permanezca voluntariamente fuera del alcance de la Justicia.
Luciana Potenza, autora de la iniciativa
Qué cambiaría en el Código Penal
Actualmente, la prescripción constituye una garantía frente al ejercicio indefinido del poder punitivo del Estado. El paso del tiempo puede determinar la extinción de la acción penal bajo determinadas condiciones.
El proyecto de Potenza introduce una excepción específica para los delitos sexuales contra menores de edad cuando el propio imputado haya generado, mediante su fuga o rebeldía, el transcurso del tiempo que luego pretende utilizar para obtener la prescripción.
Los fundamentos sostienen que existe un "vacío normativo" porque la legislación avanzó en la protección de las víctimas, pero no contempló expresamente el supuesto en que sea el acusado quien provoque el paso del tiempo al sustraerse de la Justicia.
Por eso, la iniciativa aclara que no busca eliminar la prescripción ni extenderla de manera general. "No modifica la naturaleza del instituto de la prescripción, no agrava las escalas penales ni introduce nuevas figuras delictivas", señala el proyecto.
La modificación se limita a incorporar una nueva circunstancia en la que el cómputo queda interrumpido.
El objetivo: que la fuga no se convierta en una estrategia
Uno de los principales argumentos de Potenza es que el régimen de prescripción parte de la idea de que el paso del tiempo se relaciona con una eventual inactividad estatal.
El proyecto diferencia esa situación de aquella en la que el proceso no puede avanzar porque el propio imputado decidió esconderse o incumplir una orden judicial.
"El presente proyecto elimina ese incentivo sin alterar el equilibrio constitucional entre persecución penal y garantías individuales", sostiene la diputada en los fundamentos.
La iniciativa considera que permitir que una persona permanezca prófuga durante años y luego invoque ese mismo período para reclamar la prescripción puede generar un incentivo para sustraerse de la Justicia.
El objetivo declarado es, por lo tanto, evitar que la evasión se transforme en una herramienta para alcanzar la extinción de la acción penal.
El antecedente de la Ley Piazza y la Ley 27.206
La propuesta se presenta como un nuevo capítulo de una política legislativa que comenzó con la Ley 26.705, conocida como "Ley Piazza", y continuó con la Ley 27.206.
Según los fundamentos, aquellas reformas tuvieron como objetivo contemplar las particularidades de los abusos sexuales cometidos durante la infancia y los tiempos que pueden atravesar las víctimas hasta poder denunciar.
La Ley 26.705 modificó el régimen de prescripción para reconocer que una víctima menor de edad podía atravesar períodos prolongados de silencio, miedo, dependencia o imposibilidad de revelar lo ocurrido.
Posteriormente, la Ley 27.206 profundizó ese criterio y estableció nuevas reglas para el comienzo del cómputo de la prescripción en determinados delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores.
Potenza sostiene que su proyecto completa esa evolución: "Mientras las Leyes 26.705 y 27.206 protegieron el tiempo de la víctima, esta reforma procura ampliar dicha protección, impidiendo que la fuga, la rebeldía o la clandestinidad del imputado transformen el instituto de la prescripción en un mecanismo de impunidad".
El caso que dio nombre al proyecto
La denominada "Ley Segovia" toma como referencia un expediente judicial de la provincia de Buenos Aires: el caso de Alberto Martín Del Valle.
Según los fundamentos, la causa se originó por hechos ocurridos en 2009 contra una niña de apellido Segovia, que tenía 11 años al momento de los hechos.
El proyecto señala que Del Valle fue declarado rebelde y permaneció prófugo durante años. La causa se encuentra vinculada a una discusión sobre la eventual prescripción de la acción penal.
Los fundamentos sostienen que el expediente constituye un ejemplo del problema que la iniciativa pretende resolver: que un imputado pueda eventualmente beneficiarse del paso del tiempo después de haber permanecido sustraído de la Justicia.
El documento parlamentario señala que el caso se encuentra sometido a revisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y que esa situación "pone de manifiesto la necesidad de reformar el artículo 67 del Código Penal".
