El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó una operación inmediata para liberar a las personas secuestradas durante el ataque contra una mezquita y varias comunidades del estado de Níger. Un grupo armado difundió imágenes en las que residentes dijeron reconocer a unas 600 mujeres, niños y adultos mayores cautivos, una cifra que las autoridades todavía intentaban confirmar.
Si el número resulta correcto, sería uno de los raptos colectivos más grandes ocurridos en el país durante los últimos años. Un funcionario del distrito de Borgu afirmó además que 30 personas murieron en la incursión y fueron enterradas el domingo. La violencia alcanzó a Dakera, Gidan-Zana, Sabon Gida y otras localidades rurales.
First images... Lakurawa terrorist have posted the images of the mass kidnapping carried out by the terrorist group in dekara town on borgu axis Niger state on Friday... Most of victims appears to be old men and women with kids.... This is not Islam and whoever accormodate this… pic.twitter.com/Qb9DcjyLzF
— usman (@secmxx) August 23, 2026
Tinubu instruyó a los responsables de seguridad para que informen regularmente sobre el operativo e identifiquen a todos los desaparecidos. El desafío consiste en localizar a un grupo enorme sin exponerlo durante una intervención. Los captores pueden dividir a los rehenes, moverlos por bosques o utilizarlos como protección ante el avance militar.
Al menos 2.000 habitantes cruzaron hacia la vecina Benín después del ataque, según una autoridad tradicional. Ese desplazamiento revela que el impacto excede a quienes fueron capturados: comunidades completas abandonaron viviendas, cosechas y animales por temor a una nueva incursión.
Nigeria enfrenta una industria del secuestro extendida por el noroeste y el centro-norte. Bandas armadas atacan escuelas, caminos, aldeas y espacios religiosos para exigir rescates. No forman necesariamente una organización única ni comparten siempre una ideología. Algunas operan como redes criminales; otras mantienen vínculos cambiantes con movimientos extremistas o traficantes.

La amplitud del territorio y la débil presencia estatal facilitan campamentos ocultos y rutas de escape. Las fuerzas de seguridad deben cubrir extensas zonas rurales con caminos deficientes, mientras las familias reciben llamadas, videos o exigencias económicas. Aunque pagar rescates está prohibido, comunidades enteras suelen vender bienes para recuperar a sus integrantes.
El ataque ocurrió durante los rezos del viernes y fue conocido inicialmente como un rapto de decenas de fieles. La publicación posterior del video elevó drásticamente la posible magnitud. Las imágenes por sí solas no permiten contar con precisión a las personas ni determinar cuándo y dónde fueron grabadas, por lo que el gobierno evitó adoptar la cifra como definitiva.
La prioridad es obtener pruebas de vida y evitar que los cautivos sean dispersados. Después deberá investigarse cómo un contingente armado pudo atacar varias localidades y retirarse con centenares de personas. La promesa de rescate será medida por el regreso seguro de las familias, pero también por la capacidad de impedir que otro momento de oración termine convertido en una operación de captura.