El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a las medidas anunciadas por la Armada Argentina en el marco del denominado "Plan Dédalo", que contempla una reestructuración de la Aviación Naval y el traslado de capacidades actualmente concentradas en la Base Aeronaval Punta Indio hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca.
La iniciativa pone el foco tanto en las consecuencias que la reorganización podría tener sobre las capacidades de defensa y vigilancia marítima como en el impacto económico y laboral para el municipio de Punta Indio, donde la base constituye uno de los principales sostenes de la actividad local.
Taiana plantea que la decisión no debería analizarse únicamente como una reorganización administrativa de la Armada, sino también desde sus efectos sobre la defensa nacional, el empleo y la presencia del Estado en una zona considerada estratégica.

De acuerdo con el proyecto presentado por Taiana, las medidas anunciadas por la Armada contemplan el traslado de la Escuela de Aviación Naval y de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima desde Punta Indio hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, ubicada en el partido de Bahía Blanca.
Al mismo tiempo, la Base Aeronaval Punta Indio sería recategorizada como Estación Aeronaval y la Escuadra Aeronaval N° 1 pasaría a reserva.
El diputado sostiene que este proceso implicaría una reducción significativa de las actividades que actualmente se desarrollan en Punta Indio y una pérdida de funciones que históricamente estuvieron concentradas en esa instalación.
Uno de los principales argumentos del proyecto está relacionado con la ubicación geográfica de la base.
Punta Indio se encuentra sobre la ribera sur del estuario del Río de la Plata, en una posición próxima a uno de los principales accesos fluviales y marítimos del país. Según Taiana, esa localización permite realizar tareas de vigilancia, control y despliegue sobre un espacio considerado relevante para la defensa y los intereses económicos argentinos.
El proyecto sostiene que la base fue concebida históricamente para la vigilancia y custodia directa del Río de la Plata y del acceso a la Vía Navegable Troncal.
Por ese motivo, Taiana considera que reducir sus funciones y convertirla en una estación aeronaval podría debilitar la presencia permanente de la Aviación Naval en ese punto.
"Relegar dicha instalación a una mera función de estación aeronaval implica debilitar la presencia permanente de la Aviación Naval en la desembocadura de la principal arteria fluvial y marítima del país", sostiene en los fundamentos.
El diputado también advierte por el impacto de la reestructuración sobre distintas funciones que actualmente se desarrollan en Punta Indio.
Entre ellas menciona la formación de aviadores navales, la vigilancia marítima, las tareas de búsqueda y rescate y el apoyo logístico.
A esto suma el proceso de reducción de escuadrillas de la Aviación Naval. Según los fundamentos, la reorganización incluye el cese definitivo de la Escuadrilla Aeronaval de Caza, con un impacto directo sobre alrededor de un centenar de trabajadores.
Taiana también plantea preocupación por el debilitamiento de la capacidad de guerra antisubmarina, que define como una capacidad estratégica central.
El proyecto menciona que una eventual sustitución parcial mediante aeronaves P-3 y B-200 no despejaría, por sí sola, las dudas existentes respecto de la disponibilidad efectiva de esos medios, el sostenimiento operativo y el entrenamiento de las tripulaciones.
Por eso, para el diputado, no se trataría solamente de modificar la ubicación de determinadas unidades, sino de una discusión sobre las capacidades efectivas con las que contará la Armada para cumplir tareas de vigilancia y defensa.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el impacto que la reducción de actividades podría generar sobre la economía de Punta Indio.
Según los datos incluidos por Taiana, actualmente la Base Aeronaval cuenta con aproximadamente 185 trabajadores civiles y 300 efectivos militares.
El diputado sostiene que la instalación constituye el principal empleador formal de la zona y que su actividad tiene un efecto que excede a quienes trabajan directamente allí.
La preocupación se extiende a comercios, servicios y otras actividades que dependen del consumo de los trabajadores y sus familias.
Así, estiman que la masa salarial vinculada con el personal de la base alcanza aproximadamente los 600 millones de pesos mensuales. Según el proyecto, si se concretaran los traslados anunciados, ese volumen podría reducirse alrededor de un tercio.
En ese sentido, Taiana advierte que una caída de esa magnitud tendría consecuencias sobre el movimiento comercial y económico del municipio y podría incentivar el traslado de trabajadores y familias hacia otras localidades.
El planteo de Taiana también incorpora una lectura política sobre la orientación de la política de defensa del Gobierno nacional.
El diputado ubica la reestructuración de la Aviación Naval dentro de un proceso más amplio que, según sostiene, está caracterizado por el "ajuste y la reducción de las capacidades del Estado".
En ese contexto, plantea preocupación por cualquier modificación que pueda debilitar capacidades destinadas específicamente a la defensa nacional.
También advierte sobre la importancia de mantener diferenciadas las funciones propias de las Fuerzas Armadas respecto de las tareas de seguridad interior.