Sudeste Asiático
26/08/2026 - Edición Nº1296
Internacionales
Abusos sistemáticos
Derechos humanos en Myanmar: denuncian abusos, hambre y persecución a rohinyás
26/08/2026 | Los rohinyás padecen asesinatos, torturas y trabajos forzados mientras la minería ilegal de tierras raras financia la violencia.
Refugiados rohinyás recorren uno de los campamentos de Cox's Bazar, en Bangladesh. La minoría musulmana continúa sufriendo desplazamientos, restricciones y abusos después de años de persecución en Myanmar.
La situación de los derechos humanos en Myanmar alcanzó un nuevo mínimo por los abusos cometidos contra civiles, especialmente la minoría rohinyá, y por una economía ilegal que alimenta la guerra. Un informe internacional examinó el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026 y responsabilizó tanto al Ejército como al Ejército de Arakán por violaciones generalizadas.
Los hechos documentados incluyen asesinatos, torturas, reclutamiento forzado, trabajo obligatorio, detenciones arbitrarias, violencia sexual y desplazamientos. Los rohinyás quedaron atrapados entre fuerzas rivales que los presentan como una amenaza o los utilizan como recurso humano, nueve años después del éxodo de 2017 que empujó a centenares de miles hacia Bangladesh.
Min Aung Hlaing, actual presidente de Myanmar y jefe del régimen surgido tras el golpe de 2021. Las fuerzas militares continúan señaladas por graves violaciones contra la población civil.
Una crisis multiplicada
El Ejército tomó el poder en febrero de 2021, derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi y reprimió las protestas. Desde entonces murieron al menos 8.075 civiles, entre ellos 1.774 mujeres y 1.074 niños, aunque el balance real sería considerablemente mayor. Los militares continúan empleando bombardeos, incendios y restricciones a la ayuda para conservar el control.
La junta sostiene que dirige ataques limitados contra objetivos militares y grupos que considera terroristas. Sin embargo, hospitales, escuelas, aldeas y campamentos fueron alcanzados durante una guerra en la que organizaciones étnicas y nuevas fuerzas opositoras controlan amplias áreas. Una elección organizada este año permitió al jefe militar Min Aung Hlaing asumir la presidencia, sin resolver las dudas sobre legitimidad ni detener los combates.
Instalaciones utilizadas para la extracción de tierras raras en el estado de Kachin. La expansión de la minería ilegal alimentó una economía vinculada al conflicto y dejó contaminación en campos y cursos de agua.
En el estado de Rakhine, el Ejército de Arakán gobierna gran parte del territorio. Allí se registraron confiscaciones de tierras, obstáculos para el regreso de desplazados y reasentamiento de otras comunidades. Imágenes satelitales mostraron unas 2.000 acres apropiadas, mientras testimonios señalaron que niños de seis años fueron obligados a trabajar.
El deterioro humanitario tiene dimensiones nacionales: 3,6 millones de personas están desplazadas, 12,4 millones enfrentan hambre aguda y unas 400.000 madres y niños sufren desnutrición severa. La inseguridad y las restricciones impiden que la ayuda llegue regularmente a quienes más la necesitan.
La guerra también se financia bajo tierra
Otra amenaza crece en Kachin y Shan, donde la falta de control permitió expandir minas ilegales de tierras raras. Desde 2021 aparecieron 302 nuevos sitios en Kachin; en Shan pasaron de 12 antes del golpe a 85 después. El comercio llegó a unos 1.400 millones de dólares en 2023 y abastece principalmente al mercado chino.
Los residuos tóxicos contaminaron campos y cursos de agua, con efectos que alcanzaron ríos de Tailandia. Se detectaron metales peligrosos asociados con enfermedades crónicas y problemas reproductivos. Myanmar ya no enfrenta solamente una disputa por el poder: padece un sistema donde la violencia, la extracción clandestina y la persecución de minorías se sostienen mutuamente y convierten la supervivencia civil en la variable menos protegida.
