La morosidad en créditos, tarjetas y préstamos personales se instaló con fuerza en la agenda política y parlamentaria.
Frente a ese escenario, en el Congreso fueron presentados distintos proyectos que buscan aliviar la situación de los deudores mediante quitas, refinanciaciones, límites a las tasas, suspensión de ejecuciones, cambios en los registros de morosidad y hasta mecanismos de compensación financiados por el Estado.
Desde el PRO salieron a cuestionar con dureza buena parte de esas iniciativas y advirtieron que una respuesta legislativa mal diseñada podría terminar agravando el problema que pretende resolver.
Daiana Fernández Molero y Sergio Capozzi plantearon que el debate debería centrarse en las causas del endeudamiento, la responsabilidad de quienes otorgan crédito y la necesidad de preservar el acceso al financiamiento, en lugar de avanzar con medidas que alteren contratos o trasladen los costos al conjunto del sistema.
El Gobierno nacional, en tanto, viene sosteniendo que la situación debe ser resuelta entre las partes involucradas y descartó la posibilidad de un rescate estatal o una intervención directa para cubrir las deudas. En esa mirada, parte del problema responde al cálculo de riesgo realizado por los propios bancos y entidades financieras, que deberán asumir las consecuencias de sus decisiones crediticias.
En la Argentina de Milei llegamos al colmo del sobreendeudamiento de las madres para poder comprar alimentos para sus hijos.
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 23, 2026
Por eso, presentamos un proyecto de ley para ponerle un límite a esta situación y establecer reglas claras frente al sobreendeudamiento.
El Estado tiene… pic.twitter.com/pOxaZbVGwM
Fernández Molero resumió su posición con una referencia a la experiencia de la Ley de Alquileres y lo que denominó el “efecto Lipovetzky”.
“La mora copó la agenda y el Congreso ya prepara su Ley de Alquileres 2. El ‘efecto Lipovetzky’ no nos enseñó nada. Mal diagnóstico y ‘soluciones’ que agravan el problema”, planteó.
La diputada sostuvo que existen “decenas de proyectos dando vueltas en el Congreso” y decidió agruparlos según el tipo de solución que proponen y sus posibles consecuencias.
Su principal advertencia es que una política pensada para aliviar a los deudores actuales puede generar mayores dificultades para quienes necesiten acceder a un crédito en el futuro.
“Los incentivos del Congreso están al revés. La opinión pública exige acción visible e inmediata. Declarar una emergencia, crear un fondo o lanzar una plataforma da una respuesta política rápida”, señaló.
Pero, según su análisis, la discusión debería medirse por los resultados posteriores: “La métrica debería ser otra: que baje la mora sin destruir acceso, competencia y profundidad crediticia”.
Hay decenas de proyectos dando vueltas en el Congreso, los agrupé por tipo de “solución” que proponen y el efecto no deseado que generarían. Spoiler: cavan para salir del pozo. pic.twitter.com/QjEHEO7xIW
— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) August 25, 2026
Uno de los grupos de proyectos identificados por Fernández Molero propone quitas o condonaciones de deudas.
La lógica es sencilla: si una persona no puede pagar la totalidad de lo que debe, una ley puede obligar al acreedor a resignar una parte del monto.
El problema, según la diputada, aparece cuando esa posibilidad modifica las expectativas futuras de quienes prestan dinero: “Si una ley puede cambiar cuánto vas a cobrar, ese riesgo entra en el costo del crédito futuro”.
En otras palabras, una entidad financiera que sabe que una deuda podría ser reducida por una decisión legislativa incorporará ese riesgo al momento de calcular cuánto cobrar por los préstamos siguientes.
“El que debía 100 hoy debe menos. El que quiera pedir 100 mañana pagará las consecuencias del buenismo legislativo”, advirtió.
Otra familia de iniciativas busca establecer topes a las tasas de interés, las cuotas o el nivel de endeudamiento.
La intención es reducir el peso mensual de las obligaciones financieras y hacer que las deudas sean más accesibles para los consumidores.
Sin embargo, desde el PRO advierten que fijar por ley determinadas variables no elimina el riesgo asociado al préstamo: “Regular esas variables no elimina el riesgo. Si con esos límites prestar no cierra, no hay crédito”.
El efecto podría ser especialmente problemático para los sectores considerados de mayor riesgo financiero, que podrían quedar directamente fuera del mercado formal.
“Resultado: el crédito no se abarata y para algunos, directamente desaparece”, sintetizó Fernández Molero.
También existen proyectos que plantean eliminar o suspender información relacionada con los antecedentes de mora.
La crítica del PRO apunta a que los registros crediticios cumplen una función específica: permiten a las entidades evaluar el riesgo antes de otorgar un préstamo: “Borrar el antecedente no borra la realidad. Y sin información es más difícil prestar responsablemente”.
Para la diputada, eliminar información negativa puede generar una apariencia de menor riesgo que no necesariamente coincide con la situación financiera real del solicitante.
Entonces, la próxima vez que frente a un problema digamos “hagan algo”, agreguemos una pregunta: ¿y por qué eso va a funcionar?
— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) August 25, 2026
Y si nos preocupa que el crédito sea caro, podríamos empezar por algo bastante menos exótico: bajar IIBB, Sellos y otros impuestos que encarecen…
Una de las propuestas analizadas por Fernández Molero contempla que determinadas deudas sean refinanciadas a una tasa máxima.
El problema, según explicó, aparece cuando esa tasa queda por debajo del costo que tendría el financiamiento en condiciones de mercado.
Para compensar esa diferencia, el proyecto contempla la creación de un Fondo Nacional de Compensación del Alivio Financiero, financiado mediante una contribución obligatoria equivalente al 1% de las utilidades de bancos, tarjetas y otros prestamistas.
La diputada cuestionó el mecanismo porque, en su interpretación, terminaría generando un circuito en el que el propio sistema financiero absorbe un costo que posteriormente puede trasladarse a nuevos créditos: “El Estado abarata por ley un crédito, después cobra al sector para financiar ese abaratamiento y ese costo lo paga el próximo que saque un crédito”.
La urgencia de educación financiera es enorme.
— Sergio Capozzi (@CapozziSergio) August 25, 2026
Hay que enseñar a usar responsablemente el crédito, exigir responsabilidad a quien presta y hablar del daño que causan las apuestas online como respuesta ante el problema del endeudamiento.https://t.co/l5CcgNGFj4
Otro conjunto de proyectos propone declarar emergencias, suspender cobros o ejecuciones y modificar condiciones de contratos que ya fueron firmados.
El objetivo es brindar un alivio inmediato a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, Fernández Molero puso el foco en el impacto que una modificación recurrente de las reglas puede tener sobre los créditos de largo plazo.
“Si cada vez que suba la mora, las reglas pueden cambiar después de firmado el contrato, esa incertidumbre impactará en la oferta de crédito”, sostuvo.
Y remarcó que para que exista financiamiento a largo plazo también es necesario “saber de antemano cuáles van a ser las reglas”.
Hay una respuesta fácil al endeudamiento: culpar al Gobierno, a los bancos o pedir que el Estado fije las tasas.
— Sergio Capozzi (@CapozziSergio) August 25, 2026
Hay otra más incómoda: enseñar a usar el crédito, exigir responsabilidad a quien presta y hablar del daño que causan las apuestas online.
Prefiero la segunda.
El diputado Sergio Capozzi, identificado con el PRO aunque pertenece al bloque de Provincias Unidas. planteó una mirada complementaria y sostuvo que el problema del endeudamiento no puede explicarse únicamente por las condiciones económicas o por las decisiones de los bancos.
“Hay una respuesta fácil al endeudamiento: culpar al Gobierno, a los bancos o pedir que el Estado fije las tasas”, señaló.
Frente a esa alternativa, propuso una discusión más amplia: “Hay otra más incómoda: enseñar a usar el crédito, exigir responsabilidad a quien presta y hablar del daño que causan las apuestas online”. “Prefiero la segunda”, afirmó.
Capozzi insistió en la necesidad de reforzar la educación financiera, especialmente ante el crecimiento del uso de tarjetas y otras formas de financiamiento.
“La urgencia de educación financiera es enorme”, sostuvo, y volvió a plantear tres ejes: enseñar a utilizar responsablemente el crédito, exigir responsabilidad a las entidades que prestan y abordar el impacto de las apuestas online como factor asociado al endeudamiento.