Una dirigente sindical vinculada a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedó en el centro de la atención luego de adquirir un departamento ubicado en el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el barrio porteño de Constitución.

La compradora es María Soledad Calle, referente de La Cámpora en Campana y vinculada al gremio metalúrgico. Según documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de agosto de 2025 escrituró a su nombre un departamento de 252 metros cuadrados en San José 1111.
El inmueble corresponde al primer piso del edificio, mientras que la expresidenta reside en el segundo. De acuerdo con documentación registral difundida por el diario La Nación, la operación se habría concretado por US$189.000, unos 750 dólares por metro cuadrado.
La operación inmobiliaria generó especial atención por la vinculación de Calle con una investigación judicial relacionada con el manejo de fondos de la UOM. La causa analiza un contrato firmado entre el sindicato y USEM SA, empresa que habría recibido autorización para administrar parte de los aportes de los afiliados.
En 2023, la UOM acordó con USEM la administración del 80% de los aportes sindicales de unos 200.000 afiliados durante diez años, a cambio de una comisión mensual del 0,5% sobre la recaudación. Según la información difundida, ese monto habría superado los 100 millones de pesos mensuales.
Calle participó de la creación de USEM SA en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi. A partir de ese vínculo, ella y el entonces titular de la UOM, Abel Furlán, quedaron bajo investigación de la Justicia federal por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
La investigación continúa abierta y las imputaciones mencionadas no implican una condena ni acreditan por sí mismas la existencia de un delito.
La compra del departamento también llamó la atención por otras operaciones patrimoniales realizadas por Calle durante agosto de 2025. Entre ellas figura la adquisición del 50% de un automóvil BMW valuado en alrededor de US$70.000 y la creación de una sociedad vinculada a servicios financieros.

Respecto del departamento, durante las negociaciones previas habría trascendido que el inmueble sería destinado al funcionamiento de una fundación. Posteriormente surgieron interrogantes sobre el uso efectivo que tuvo la propiedad.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine que la adquisición del departamento constituya por sí misma una conducta ilícita.
Desde el entorno de Cristina Kirchner aseguraron desconocer el uso que se le da al inmueble ubicado debajo de su departamento y descartaron que la expresidenta haya utilizado esa propiedad.
La propia María Soledad Calle rechazó las acusaciones y negó los vínculos y funciones que se le atribuyen en relación con la UOM y USEM SA. También cuestionó que la compra inmobiliaria sea presentada como parte de una maniobra irregular.

El edificio de San José 1111 quedó bajo una atención especial desde que Cristina Kirchner comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria, en el marco de su condena a seis años por la causa Vialidad.
Ahora, la adquisición de una de las unidades del inmueble por parte de una dirigente vinculada al sindicalismo y al espacio político de la expresidenta vuelve a poner el foco sobre una propiedad que ya se había convertido en uno de los puntos de mayor interés político y judicial de la Ciudad de Buenos Aires.