El Departamento de Estado de Estados Unidos pausó temporalmente este 26 de agosto las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo mientras capacita a sus funcionarios sobre carga pública. La medida no incluye, según la información disponible, visas de no inmigrante para turismo, estudio o trabajo temporal y no tiene fecha pública de finalización.
Cinco días antes, la jueza federal Jeannette Vargas anuló la política de Marco Rubio que impedía emitir visas de inmigrante a nacionales de 75 países. En CLINIC v. Rubio, el tribunal concluyó que la directiva excedía la autoridad legal del secretario y devolvió a los funcionarios consulares la evaluación individual. News Digitales había explicado la suspensión original de 75 países en enero.
La capacitación se concentra en la causal de inadmisibilidad por carga pública, que permite negar una visa de inmigrante cuando el funcionario considera probable que el solicitante dependa principalmente del Estado. La ley exige ponderar edad, salud, situación familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y habilidades. El fallo cuestionó que Rubio sustituyera ese examen individual por una exclusión general basada en nacionalidad.
La pausa coincide con otro plan del Departamento de Estado para revocar visas B1 y B2 de extranjeros que ingresaron como visitantes y luego solicitaron asilo. La documentación conocida sitúa el universo potencial en hasta 200.000 casos, cifra no confirmada públicamente por el Departamento. Ese cálculo es distinto de las más de 175.000 visas revocadas desde enero de 2025 por múltiples causas.

Para Argentina, la distinción central es que la pausa no equivale a una cancelación general de turnos turísticos. Las B1 y B2, las F1 de estudiantes y las H-1B de trabajadores temporales son visas de no inmigrante y no aparecen incluidas. Sí pueden verse afectados argentinos que tramitan residencia permanente por vías familiares o laborales y tenían entrevistas consulares próximas.

El próximo dato verificable será la reprogramación de las entrevistas aplazadas y la publicación de nuevas instrucciones consulares. Vargas anuló la prohibición general por nacionalidad, pero no impidió que cada oficial aplique la carga pública caso por caso dentro de la ley. El efecto inmediato es un retraso mundial para quienes buscan residencia permanente mediante el proceso consular, mientras los trámites temporales continúan.