Este jueves 27 de agosto comienza una nueva jornada de protesta en las universidades públicas. Los gremios de la educación superior realizarán un paro de 48 horas, para reclamar lo básico: el cumplimiento de una Ley.
Pasados más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo conducido por Javier Milei, tanto CONADU como CONADU Histórica resolvieron parar hasta el viernes inclusive.
La protesta se da luego de lo que fue la semana de las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno entre el 18 y el 21 de agosto.
También en la previa, el Poder Judicial citó a una audiencia al Ejecutivo Nacional y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero el encuentro fue inconducente: los representantes del gobierno insistieron con que se sentarán a negociar el próximo martes 1º de septiembre, fecha en la cual se convocó a la paritaria, haciendo caso omiso a la Ley de Financiamiento Universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario es una Ley votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada por el Congreso, que el Ejecutivo llevó al Poder Judicial para no cumplir.
No obstante, la Corte Suprema ratificó lo obvio: la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse.
Los universitarios pusieron como fecha límite el cobro de los salarios de julio, pero la mejora no apareció.
Para ejemplificar, un docente titular con dedicación semi exclusiva cobró estos primeros días de agosto $1.169.151,63 (bruto), mientras que de haberse aplicado la Ley, debiera haber percibido $1.419.400,71. Así, le niegan a los docentes un aumento del 21,4%.
Como consecuencia, los salarios siguen lejos del poder de compra que tenían en noviembre de 2023. Mientras los sueldos no alcanzados por la garantía salarial perdieron 25,1%, los escalones más bajos sufrieron un recorte de 33,9%.

Desde el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, advierten que “la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre”.
En ese marco, denuncian que “el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”.
Sin embargo, el reclamo no es paritario: es por el cumplimiento de una Ley ratificada por el Congreso Nacional.
