27/08/2026 - Edición Nº1297

Política

Congreso

Ley Joaquín sin grieta en Diputados: de la tragedia a controlar los clubes

27/08/2026 | Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y falleció a principios de este año cuando un arco cayó encima de él. Los detalles de la iniciativa.



La Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada Ley Joaquín, una iniciativa que establece medidas obligatorias de seguridad para arcos, aros, postes, juegos de plaza y otros elementos utilizados para actividades deportivas y recreativas.

El proyecto logró algo poco frecuente en el Congreso: reunió el respaldo de todos los bloques políticos y avanzó sin quedar atrapado en las disputas de la grieta. Detrás de la iniciativa hay una historia que comenzó con una tragedia y que busca transformarse en una política concreta de prevención de accidentes.

Quién era Joaquín Gatto

Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y era oriundo de Ramos Mejía. Murió a principios de 2026 durante un campamento de los Exploradores de Don Bosco en Junín de los Andes, Neuquén.

El 4 de enero, Joaquín se balanceó sobre el travesaño de un arco de fútbol. La estructura metálica, de aproximadamente 160 kilos, no contaba con los anclajes necesarios al suelo. El arco cedió y cayó sobre el niño, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte al día siguiente.

Luego de su fallecimiento, su familia decidió donar sus órganos. A partir de esa tragedia comenzó también un proceso para convertir lo ocurrido en una iniciativa de prevención.

Así nació el impulso de la Ley Joaquín, que busca establecer condiciones mínimas de seguridad para equipamientos deportivos y recreativos en clubes, escuelas, instituciones, plazas y otros espacios públicos y privados.

Qué establece la Ley Joaquín

El proyecto aprobado por Diputados establece la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad vinculadas con la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos.

El objetivo central es prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos que puedan provocar lesiones graves y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, aunque las medidas alcanzarán a todas las personas que utilicen esas instalaciones.

La obligación recaerá sobre las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo, tanto dentro de sus establecimientos como en espacios públicos bajo su responsabilidad.

En concreto, deberán garantizar que las estructuras se encuentren en condiciones adecuadas de estabilidad, anclaje y amortiguación, de acuerdo con las especificaciones técnicas que correspondan a cada disciplina o juego.

Controles, inspecciones y certificados visibles

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la seguridad no quede solamente como una obligación formal.

Las instituciones alcanzadas deberán acreditar ante la autoridad local correspondiente que cumplen con las condiciones exigidas. Las inspecciones, controles, certificaciones y habilitaciones estarán a cargo de las autoridades de cada jurisdicción.

Además, las certificaciones deberán exhibirse de manera permanente en un lugar visible y accesible al público, según establezca la reglamentación.

De esta manera, el proyecto apunta a que familias, deportistas y usuarios puedan conocer si las instalaciones cumplen con las condiciones de seguridad requeridas.

Qué papel tendrán las aseguradoras

La iniciativa también incorpora a las compañías de seguros al esquema preventivo.

Al momento de otorgar una cobertura a una institución que utilice este tipo de equipamiento, la aseguradora deberá solicitar que se acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por la ley.

El mecanismo busca generar otro incentivo para que clubes, escuelas e instituciones mantengan sus instalaciones en condiciones adecuadas y realicen las tareas de mantenimiento correspondientes.

Provincias y municipios deberán adherir

La Ley Joaquín no establece un sistema de aplicación automática en todo el territorio nacional. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa.

Cada jurisdicción deberá determinar su autoridad local de aplicación, los mecanismos de control y supervisión y, eventualmente, las sanciones y multas por incumplimiento.

También podrán establecer plazos para que las instituciones adapten sus instalaciones. Si la normativa local no fija un período específico, el proyecto contempla un plazo de hasta un año desde la entrada en vigencia de la reglamentación correspondiente, con la posibilidad de una única prórroga por igual período.

El rol del Estado nacional

La Subsecretaría de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, funcionará como organismo de coordinación y asistencia.

Entre sus responsabilidades estará elaborar estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas de seguridad.

El Poder Ejecutivo nacional, además, deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, en caso de que finalmente sea sancionada por el Senado.

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