“Empiecen a sacar la falopa”: sospechan que se filtró un allanamiento en la cárcel de Florencio Varela

“Empiecen a sacar la falopa”. La frase, según una nueva denuncia presentada por presos de la Unidad Penitenciario 31 de Florencio Varela, se escuchó dentro del Pabellón 1 varias horas antes de que se concretara un allanamiento judicial. Para los denunciantes, no fue una advertencia al azar: sostienen que información sobre el procedimiento se filtró con anticipación y permitió ocultar drogas y otros elementos que podían resultar relevantes para una investigación por presunto narcotráfico, extorsiones y sometimiento de detenidos vulnerables.

El episodio abrió ahora un nuevo capítulo en una causa que ya había puesto bajo sospecha a un grupo de internos conocido como “La Comitiva” o “Limpieza y mantenimiento”, integrado, según la presentación, por exmiembros de fuerzas armadas y de seguridad alojados en ese sector del penal.

La denuncia original también había alcanzado a cinco autoridades de la Unidad 31 por una presunta connivencia con esos detenidos. Ahora, quienes impulsaron aquella presentación apuntan además contra el modo en que se manejó el procedimiento judicial y anticiparon que reclamarán el apartamiento de la UFI N°9 de Florencio Varela.

Un aviso varias horas antes

La nueva presentación reconstruye lo que supuestamente ocurrió el martes 25 de agosto. Cerca de las 9.30, según los denunciantes, integrantes de “La Comitiva” comenzaron a decir que posiblemente se realizaría un allanamiento en el pabellón.

Durante las horas siguientes, aseguran haber advertido movimientos que consideraron sospechosos entre personal penitenciario y miembros de ese grupo.

Alrededor del mediodía, siempre según el relato incorporado a la denuncia, la advertencia se volvió más concreta: algunos detenidos habrían anunciado abiertamente que se realizaría el procedimiento y ordenado retirar la droga.

“Pidieron que empiecen a sacar la falopa y que se la lleven al jefe del pabellón número 3 para que la ‘encanutara’”, señala la presentación.

Paralelamente, otro grupo habría comenzado a retirar antenas y módems del sector. La sospecha de los denunciantes es que esos equipos permitían contar con conexiones a internet dentro de la cárcel y también formaban parte de los elementos que pretendían que fueran encontrados durante el procedimiento.

Ante esa situación, a las 12.31 se envió un correo electrónico al área de Control Interno del Ministerio Público bonaerense para advertir a la Procuración General sobre la presunta filtración.

El allanamiento, según consta en la presentación, recién comenzó alrededor de las 18.34. Para entonces habían transcurrido más de seis horas desde aquella comunicación y, de acuerdo con la denuncia, tiempo suficiente para retirar u ocultar los elementos buscados.

Las sospechas sobre la investigación

El nuevo planteo no se limita a denunciar que los internos conocieron anticipadamente el operativo. Los presos cuestionan directamente la intervención de la UFI N°9 de Florencio Varela y sostienen que la filtración debe ser investigada para determinar de dónde salió la información.

Los denunciantes ya habían solicitado que la causa quedara en manos de otra fiscalía, preferentemente de Quilmes. Argumentan que anteriormente habrían comunicado situaciones similares que involucraban tanto a autoridades penitenciarias como a los internos señalados, sin obtener los resultados esperados.

Ahora plantean una sospecha todavía más grave: que pudiera existir algún canal de comunicación entre integrantes de la fiscalía y autoridades de la cárcel que permitiera anticipar procedimientos. Se trata, hasta el momento, de una acusación formulada por los denunciantes que deberá ser corroborada judicialmente.

También cuestionaron la secuencia elegida para investigar el caso. A su entender, primero deberían haberse asegurado las pruebas mediante un allanamiento y sólo después avanzar con las declaraciones de víctimas y testigos, para evitar que trascendiera información sensible.

Una denuncia por drogas, extorsiones y sometimiento

La controversia por la presunta filtración se desprende de una presentación anterior en la que un grupo de presos denunció la existencia de una estructura que operaría dentro del Pabellón 1.

Según esa acusación, integrantes de “La Comitiva” tendrían el control de determinadas actividades dentro del sector y estarían involucrados en la comercialización de drogas, extorsiones y prácticas de sometimiento contra otros detenidos, particularmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

La denuncia también atribuye una presunta connivencia a cinco autoridades de la Unidad 31, identificadas con nombre y apellido en la presentación judicial.

Tras lo ocurrido con el allanamiento, los denunciantes insistirán ahora en que la UFI N°9 sea apartada. El punto central será determinar si efectivamente los internos conocían de antemano que el procedimiento iba a realizarse y, de comprobarse esa circunstancia, quién les proporcionó una información judicial que debía permanecer reservada.