Condenan a un hombre que regenteaba un casino ilegal en San Telmo tras ser descubierto

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Juan Rozas, logró la condena a tres años de prisión en suspenso para el responsable de administrar un casino ilegal con fachada de local comercial en el barrio de San Telmo. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado tras una investigación judicial que comenzó en las redes sociales.

La causa se inició a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. Los efectivos detectaron publicaciones en Instagram que promocionaban un supuesto local con computadoras que permitían acceder a tragamonedas virtuales (slots), sin exhibir advertencias sobre la prohibición de ingreso a menores de 18 años ni contar con la habilitación oficial de la Lotería de la Ciudad (LOTBA).

El operativo en San Telmo

Con las pruebas recabadas, el fiscal Rozas solicitó el allanamiento del inmueble, ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de Nicolás Repetto. En el procedimiento intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la Policía de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de LOTBA.

Durante la inspección, los peritos constataron la existencia de un espacio condicionado con 25 boxes individuales equipados con computadoras destinadas al juego en línea. Las apuestas mínimas partían desde los 5.000 pesos y se cobraban de manera presencial en el lugar.

Elementos secuestrados: Equipos informáticos, teléfonos celulares, anotaciones de apuestas y dinero en efectivo.

Faltas administrativas: La AGC clausuró el local por carecer de habilitación comercial, no disponer de matafuegos y permitir que los clientes fumaran en el interior.

Condena y homologación judicial

Tras el peritaje de los dispositivos secuestrados, el imputado reconoció su responsabilidad en la organización y explotación de juegos de azar sin autorización legal. A través de un acuerdo de avenimiento, aceptó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional más la imposición de reglas de conducta, sanción que fue homologada por la jueza Bettina Mobillo, titular del Juzgado N° 7 del fuero.