La Justicia avanzó formalmente sobre el departamento de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal N.º 2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo preventivo dispuesto sobre el inmueble, incorporándolo al conjunto de bienes alcanzados por las medidas patrimoniales de la causa Vialidad.
La medida había sido impulsada a partir de un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani y apunta a preservar el patrimonio que eventualmente podría quedar afectado por el decomiso derivado de la condena dictada en el expediente.
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El embargo tiene la finalidad de impedir que el bien pueda ser dispuesto de manera incompatible con una eventual ejecución del decomiso.
La decisión se inscribe en un conjunto más amplio de medidas patrimoniales adoptadas por el tribunal. En una resolución del 12 de agosto, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispusieron avanzar sobre distintos bienes vinculados con las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Entre los activos alcanzados aparecen propiedades situadas en el Madero Center, además de inmuebles vinculados con las actividades hoteleras y patrimoniales desarrolladas en Santa Cruz.
Ahora, la comunicación al Registro de la Propiedad formaliza la afectación del departamento de San José 1111 y permite que la medida quede asentada registralmente. El inmueble adquirió además una particular relevancia porque es el lugar de detención domiciliaria de CFK.
Detrás de las medidas patrimoniales existe una cifra de enorme magnitud. El Ministerio Público Fiscal busca garantizar bienes suficientes para afrontar un eventual decomiso cercano a los $685.000 millones, monto que surge de la actualización del perjuicio económico considerado en la causa.
La estrategia judicial no se limita, por lo tanto, a un único inmueble. El objetivo es identificar y preservar activos que puedan responder frente a las consecuencias económicas de la condena.
En términos jurídicos, el embargo funciona como una herramienta de aseguramiento. Mientras la condena y sus consecuencias patrimoniales continúan siendo materia de ejecución, los bienes quedan sujetos a restricciones que buscan evitar que desaparezcan del patrimonio susceptible de responder.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El proceso judicial analizó la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas y la relación de esas contrataciones con empresas pertenecientes al empresario Lázaro Báez.
La sentencia estableció la responsabilidad penal de la expresidenta y ordenó avanzar también sobre las consecuencias patrimoniales derivadas del delito atribuido.
Con la actualización del monto involucrado, la cuestión económica adquirió una dimensión que excede ampliamente el valor de un inmueble individual. De allí que el tribunal haya puesto bajo análisis un conjunto de propiedades y activos vinculados con los condenados y las sociedades alcanzadas por las decisiones judiciales.