Comedores escolares: tarjetas y facturas destaparon un escándalo en Concordia

La Justicia de Entre Ríos investiga una presunta trama de corrupción alrededor de fondos destinados a garantizar desayunos, almuerzos y meriendas en escuelas de Concordia. El expediente tiene siete imputados, entre ellos una exfuncionaria, y apunta a irregularidades que superarían los $100 millones.

La investigación intenta reconstruir cómo recursos destinados a 37 establecimientos educativos terminaron bajo sospecha. En el centro de la causa aparece Silvina Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores Escolares de Concordia, junto con familiares y responsables de una empresa proveedora.

La pesquisa está en manos de la Unidad Fiscal de Concordia, encabezada por la fiscal Daniela Montangie, y contempla tres figuras: peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.

@casarettomarcelo

🔥 FANTINO destapa el negocio de TEKNOFOOD en Entre Ríos. Buena información sobre el gran negocio del gobierno de Rogelio Frigerio, por $ 101 mil millones para la provisión de los 1.000 comedores escolares. @JMilei @fantinofantino @frigeriorogelio

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Cómo funcionaba la presunta maniobra

El sistema utilizado hasta agosto contemplaba la entrega de tarjetas de compra SIDECREER para que los responsables de los comedores adquirieran alimentos destinados a los alumnos. La idea era permitir que cada institución pudiera abastecerse en comercios cercanos.

Una auditoría de la Dirección de Comedores provincial, sin embargo, encontró diferencias entre facturas y remitos correspondientes a 37 instituciones. Las inconsistencias detectadas alcanzaron los $103.738.136.

Según la hipótesis investigada, desde enero de 2024 Murúa habría intervenido en el funcionamiento del esquema junto con sus hermanos Adrián y Vanesa y su cuñado Esteban Godoy.

La acusación sostiene que existían mecanismos de intimidación o persuasión para orientar las compras de los comedores hacia una firma determinada: Ahora Voy SRL, perteneciente a dos hermanos identificados como Iñaki P. y Martín P.

La investigación busca determinar además por qué tarjetas cargadas con sumas que en algunos casos superaban el millón de pesos quedaban directamente en poder de personas vinculadas al proveedor, que podían disponer de esos fondos.

Un séptimo imputado, que no tenía una función formal dentro de la Dirección de Comedores, aparece señalado como la persona que presuntamente trasladaba importantes cantidades de dinero hasta Murúa.

Los chats que quedaron bajo la lupa

Uno de los elementos incorporados a la investigación son conversaciones atribuidas a Murúa con su hermana Vanesa.

En uno de esos intercambios se hace referencia a cuadernos que llevarían personas provenientes de Paraná. Allí aparece una frase que ahora es analizada en el expediente: “Si ven el de Ruben nos descubren todo boluda”.

También se investiga una conversación entre la exfuncionaria y uno de los propietarios de Ahora Voy en la que se habla del pago de un préstamo correspondiente a una vivienda y de qué escuela podría obtenerse el dinero.

La Justicia intenta establecer si parte de los recursos originalmente destinados a alimentar a los estudiantes terminó siendo utilizada para gastos personales, entre ellos inmuebles, viajes y ropa.

Las auditorías también detectaron otras señales de alerta. Entre ellas aparecen aumentos sin explicación en la cantidad de alumnos declarados como beneficiarios, diferencias entre las partidas transferidas y las necesidades reales de las escuelas y casos en los que la totalidad del dinero asignado era consumida en apenas un día.

Otro punto que llamó la atención fue la fuerte concentración de las operaciones en tres proveedores.

Incluso los registros de los menús quedaron en medio de las sospechas. Cuando los auditores solicitaron los cuadernos correspondientes a octubre y noviembre de 2024, recibieron como explicación que habían sido destruidos por roedores. Días más tarde aparecieron nuevos cuadernos junto con remitos confeccionados recientemente.

Una investigación que ya tenía antecedentes

Las irregularidades no aparecieron por primera vez ahora. En junio de 2025, una auditoría sobre 21 establecimientos educativos había detectado $66.143.225 cuyo uso no contaba con una justificación adecuada.

Ese episodio terminó con la salida de Murúa de su cargo por decisión del gobernador Rogelio Frigerio.

La exfuncionaria, de origen radical, estaba vinculada políticamente al presidente del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, Marcelo López. Fuentes gubernamentales citadas por Infobae atribuyeron al legislador el pedido para su designación y señalaron, al mismo tiempo, que fue López quien posteriormente acercó pruebas a la Justicia.

Murúa rechazó las acusaciones y sostiene una versión diferente. Afirmó que ella misma había advertido las irregularidades y aseguró que el 7 de marzo de 2025 presentó junto a López una primera denuncia por malversación de fondos, ampliada posteriormente en agosto.

El caso tiene además un fuerte impacto social por el lugar donde ocurrió. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al segundo semestre de 2025, el 49,9% de las personas del aglomerado Concordia se encontraba bajo la línea de pobreza y el 13,6% estaba en situación de indigencia.

En ese contexto, la Justicia deberá determinar ahora cuánto dinero destinado a la alimentación de alumnos fue efectivamente desviado, quiénes participaron de las maniobras y cuál fue el destino final de los fondos.