El Gobierno de Entre Ríos empezará en la primera quincena de septiembre a repartir en las escuelas los desayunos y meriendas que le compró a una sola empresa, Teknofood SA. El cambio alcanza a unos 996 comedores escolares con más de 50 alumnos.
Hasta ahora, cada escuela recibía plata en una tarjeta y compraba la comida en los negocios del barrio. Ese es el mecanismo que la Justicia investiga en Concordia, donde una auditoría del propio Gobierno entrerriano detectó un faltante de $103.738.136 en 37 escuelas y hay siete personas imputadas.
El director de Comedores Escolares de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, confirmó el miércoles que la tarjeta va a dejar de acreditarse cuando llegue la mercadería de la empresa.

El contrato con Teknofood cubre desayunos y meriendas. Nada más.
Los almuerzos quedan afuera del cambio. Cada escuela va a seguir comprándolos por su cuenta, en comercios y proveedores de su localidad, con el mismo esquema descentralizado que está bajo investigación en Concordia.
Es decir: la comida más importante del día sigue funcionando con el sistema que el propio Gobierno describió como fallado.
Azzalini lo había definido así: "El problema es que el actual sistema es un colador y permite todas estas irregularidades. No te garantiza la correcta calidad de alimentos de los chicos. Es muy descentralizada, tiene capacidad de control baja".
Ese diagnóstico es del mismo funcionario que ahora mantiene los almuerzos bajo ese esquema.

La tarjeta se llama SIDECREER. Azzalini explicó el mecanismo del corte en el programa Puro Cuento, de Radio Plaza: "Mientras tanto, se continúa con la acreditación de la tarjeta Sidecreer a las escuelas hasta la recepción de la mercadería que proveerá la empresa. A partir de ese momento, se corta y no se reconocen más gastos de ningún tipo con la tarjeta".
El plan original era arrancar el 1° de agosto. Se atrasó un mes porque la empresa frenó la producción mientras esperaba una definición judicial.
"Teknofood produjo en función de la demanda de las provincias a las que venía entregando y no produjeron más ante la incertidumbre de saber qué pasaba en Entre Ríos", dijo Azzalini.
Y calculó: "Para mediados de septiembre ya vamos a estar bastante avanzados con la entrega de insumos".
La auditoría que destapó el faltante de Concordia revisó las compras de marzo y abril de 2025.
La Fiscalía ubica el inicio de la maniobra en enero de 2024.

Murúa es de origen radical y pertenece al espacio político de Marcelo López, presidente del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos.
Fuentes del Gobierno entrerriano confirmaron al diario Infobae que fue López, oriundo de Concordia, quien pidió su designación. Las mismas fuentes señalaron que después fue el propio diputado quien acercó las pruebas a la Justicia.
Murúa rechaza las acusaciones. Sostiene que fue ella la que alertó sobre las irregularidades y que el 7 de marzo de 2025 presentó una primera denuncia por malversación de fondos junto a López.
"Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado. Y ahora, cuando todo explota, necesitan a alguien que caiga. Y me eligen a mí", dijo a un medio local.
El miércoles, Frigerio encabezó en Paraná la primera reunión de una mesa de trabajo sobre alimentación escolar, con las universidades UNER y Uader, el Colegio de Nutricionistas y representantes de Teknofood. El anuncio central fue la incorporación de más de 60 nutricionistas.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, definió el encuentro como "un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación".
Sobre el fondo del cambio, Azzalini sostuvo: "Queremos que el sistema sea homogéneo, que garantice calidad y trazabilidad e inocuidad".
Azzalini también adelantó que la provincia ya presentó otras denuncias por irregularidades en comedores y prepara una nueva en otra localidad entrerriana.
El 31 de julio, un grupo de padres, el gremio docente Agmer y la Fundación Cauce presentaron un amparo contra la contratación de Teknofood, porque sus productos tienen sellos negros de advertencia.
El juez Juan Francisco Malvasio dictó sentencia el 21 de agosto. No frenó la compra centralizada, no anuló la licitación y no ordenó volver al esquema anterior. Solo prohibió entregar en las escuelas productos con uno o más sellos.
Los denunciantes apelaron. El expediente está en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, sin resolución.
El contrato se adjudicó por el Decreto N° 1.983/2026, con un monto máximo estimado de $101.726.784.000 para 2026 y 2027, a $1.600 la ración. El decreto que llamó a la licitación había calculado $42.669.617.445.
TM