La ruta del Rohypnol: procesan a siete acusados de traficar miles de pastillas desde Brasil

Miles de pastillas eran retiradas de sus blísteres, colocadas en bolsas con cierre hermético y escondidas dentro de vehículos para cruzar la frontera entre Brasil y la Argentina. Una vez superados los controles, los cargamentos podían continuar por tierra o ser despachados en encomiendas hasta Córdoba, donde finalmente eran distribuidos.

Así habría funcionado durante más de tres años una ruta clandestina de flunitrazepam, el potente psicofármaco conocido comercialmente como Rohypnol, que ahora dejó a siete personas procesadas con prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Córdoba Carlos Ochoa, quien consideró que existen elementos para sostener que los acusados integraron una organización dedicada al tráfico de estupefacientes al menos entre abril de 2022 y diciembre de 2025.

El magistrado también dispuso embargos de hasta $200 millones.

De Río de Janeiro a Córdoba

Según la reconstrucción de los fiscales, el circuito comenzaba en Río de Janeiro, donde miembros de la organización habrían establecido contactos con personas que tenían acceso a empresas farmacéuticas.

El flunitrazepam pertenece a la familia de las benzodiazepinas y tiene efectos sedantes e hipnóticos. Aunque posee utilización médica, principalmente para determinados cuadros de insomnio, su acción sobre el sistema nervioso central también genera un mercado de consumo ilegal.

La investigación sostiene que, una vez obtenidas las pastillas en Brasil, comenzaba la etapa más riesgosa: atravesar la frontera.

Para dificultar su detección, los comprimidos habrían sido sacados de sus envases originales y acondicionados en bolsas tipo “Ziploc”. Parte de la droga era escondida en automóviles y otra terminaba posteriormente dentro de encomiendas despachadas desde ciudades fronterizas.

Los investigadores detectaron numerosos viajes entre ambos países. Uno de los señalados como presunto jefe de la organización registró 23 movimientos migratorios entre 2019 y 2023.

No era el único indicio. En diciembre de 2023 ya habían sido descubiertas 38.915 pastillas de flunitrazepam ocultas en una camioneta de su propiedad.

Cargamentos de más de 50 kilos

La investigación consiguió reconstruir después otros movimientos. En abril de 2025, Gendarmería interceptó en Entre Ríos una encomienda que había salido desde Paso de los Libres, Corrientes, rumbo a Córdoba. En su interior había más de 20 kilos de comprimidos de opioides y derivados. El vehículo utilizado para llevar el paquete hasta la terminal fue relacionado posteriormente con dos de los ahora procesados.

Dos meses después apareció un cargamento todavía mayor.

Los investigadores encontraron 52,595 kilos de comprimidos de flunitrazepam escondidos en un Volkswagen Suran que había cruzado desde Brasil. La carga volvió a ser despachada desde Paso de los Libres hacia Córdoba y una entrega vigilada permitió detener a quienes fueron a retirarla.

El último golpe llegó el 17 de diciembre de 2025. Durante una serie de allanamientos fueron secuestradas otras 23.447 pastillas de Rohypnol, más de un kilo de cocaína, dinero, vehículos, una máquina contadora de billetes y armas.

Una estructura familiar y diferentes funciones

La acusación ubica en la conducción a tres personas. Dos de ellas son pareja y habrían dirigido la operatoria, mientras que un tercer acusado habría intervenido en cuestiones financieras y logísticas.

Por debajo aparecían quienes supuestamente se ocupaban de recibir encomiendas, conseguir el medicamento en Brasil y distribuir las pastillas entre vendedores y consumidores de Córdoba. Entre los procesados se encuentra también la hija de la pareja señalada como organizadora.

El juez Ochoa ordenó que los siete continúen detenidos mientras avanza la causa. Para justificar las prisiones preventivas ponderó la expectativa de pena, los numerosos cruces fronterizos y las conexiones que los acusados mantendrían en Brasil, circunstancias que a su criterio incrementan el riesgo de fuga.

También consideró que todavía quedan pruebas por producir. Los investigadores analizan celulares y armas secuestradas y detectaron indicios sobre la utilización de mensajes de visualización única, códigos y teléfonos paralelos.

Los tres presuntos organizadores recibieron embargos por $200 millones cada uno, mientras que para los otros cuatro procesados fueron fijados en $100 millones.