La semana que viene comenzará a definirse el futuro del proyecto de ley para los biocombustibles y si bien hay varios borradores en danza, la normativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich corre con alguna ventaja.
Como se recordará, la legisladora libertaria plantea elevar el corte obligatorio de 7,5% al 10% y avanzar hacia un mercado abierto, postura que tiene una fuerte resistencia por parte de las pymes del sector, que entienden que ese proyecto concentrará el negocio en las grandes aceiteras del rubro.
Una de las entidades que cuestiona la iniciativa de Bullrich es la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). A través de un comunicado firmado por su director ejecutivo, Federico Martelli, advirtieron por “la profunda injusticia que generaría el proyecto de ley actualmente en tratamiento”.
En este punto, remarcaron que “bajo el argumento de desregular, se pretende trasladar el mercado desde industrias de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires hacia las grandes empresas concentradas en el polo agroexportador de Santa Fe”.
Martelli consideró que “esto no es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que modifica arbitrariamente a sus beneficiarios. En el documento, CEPREP explicó que el proyecto de ley reconoce distintas realidades en el bioetanol, al diferenciar las producciones de caña de azúcar y maíz.
“¿Por qué se discrimina a la Industria Regional del Biodiesel negándole ese mismo tratamiento?”, cuestionó. Para el director ejecutivo de CEPREB, “la propuesta de dividir entre empresas integradas y no integradas es una falsa segmentación impulsada por Santa Fe para quedarse con todo”.
Desde CEPREB señalaron que la principal diferencia estructural dentro de la industria del biodiésel está vinculada con la regionalidad y con la ubicación de las plantas productoras y en ese sentido, plantearon que existe una diferencia entre producir en el interior del país y hacerlo dentro del polo agroexportador. La entidad sostuvo además que esta característica debe ser contemplada en el esquema regulatorio para evitar una concentración de la actividad en una determinada región.
Otro de los cuestionamientos pasó porla modificación anticipada de las condiciones establecidas por la Ley 27.640, cuya vigencia se extiende hasta 2030. Según CEPREB, esto afecta la seguridad jurídica y la confianza necesaria para nuevas inversiones.
La entidad aclaró que no reclama precios regulados ni cupos individuales, sino competencia entre empresas bajo condiciones comparables, mediante una segmentación regional, siguiendo el mismo principio que el proyecto contempla para el bioetanol.
En ese marco, sostuviero que una regulación que concentre la oferta de biodiésel en una sola provincia podría reducir la competencia y derivar en mayores precios para la sociedad. "El proyecto de modificación no es libertad, no es desregulación y no promueve la inversión. Es cambiar las reglas para beneficiar a Santa Fe", concluyeron.