La jugada de Bullrich que puede cambiar los planes de Milei con el Súper RIGI

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva negociación en el Senado para conseguir los votos que necesita para aprobar el denominado Súper RIGI. La Casa Rosada pretende que el proyecto avance sin modificaciones, pero la falta de una mayoría propia llevó a Patricia Bullrich a negociar con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los aliados reclaman cambios para proteger a las industrias nacionales y establecer condiciones energéticas para los grandes proyectos vinculados con la inteligencia artificial.

La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno busca aprobar una de sus principales apuestas económicas, pero La Libertad Avanza no tiene fuerza suficiente para imponer su propia versión. Por eso, Bullrich abrió durante las últimas semanas una ronda de conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita llevar el proyecto al recinto.

La negociación, además, generó tensión dentro del propio Gobierno. Mientras la jefa del bloque libertario avanzaba con los sectores dialoguistas, el equipo económico encabezado por Luis Caputo no habría sido consultado sobre algunas de las modificaciones y tomó conocimiento de ellas cuando ya habían trascendido públicamente.

Los cambios que reclaman los aliados

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la industria nacional. El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente como mínimo al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de precio y calidad.

Los bloques aliados buscan que la protección alcance específicamente a los bienes producidos en la Argentina. El reclamo fue planteado también por sectores industriales. Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), pidió que ese 20% corresponda exclusivamente a bienes fabricados en el país.

“Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo Leal.

El planteo abre una discusión de fondo sobre el alcance del régimen: mientras el Gobierno busca generar condiciones atractivas para captar grandes inversiones, los sectores industriales pretenden que esos beneficios también tengan impacto sobre las empresas nacionales, el empleo y las cadenas de proveedores.

La pelea por la energía

El segundo eje de la negociación está vinculado con los denominados inversores electrodependientes. Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía, especialmente los centros de datos vinculados con inteligencia artificial, desarrollen sus propios sistemas de generación.

La preocupación pasa por evitar que el incremento de la demanda energética de estas inversiones termine recayendo sobre las redes existentes y obligando a las provincias a afrontar nuevas obras de infraestructura.

El Gobierno rechaza incorporar demasiadas condiciones porque considera que podrían quitarle atractivo al régimen frente a los inversores internacionales. El punto es especialmente sensible porque los centros de datos y las industrias vinculadas con la inteligencia artificial forman parte de los sectores que la administración de Milei busca atraer.

En ese marco, desde el oficialismo dejaron trascender su rechazo a algunas de las modificaciones negociadas por Bullrich. La discusión quedó así atravesada por una doble presión: conseguir los votos para aprobar el proyecto y, al mismo tiempo, evitar que las concesiones alteren el espíritu original del régimen.

Bullrich reconoce el límite del oficialismo

La propia Bullrich resumió el escenario parlamentario ante sus allegados con una frase contundente: “Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”.

La declaración refleja el problema que enfrenta el oficialismo en el Senado. La Libertad Avanza puede impulsar su agenda económica, pero necesita construir mayorías con espacios que no forman parte del Gobierno y que buscan introducir modificaciones antes de acompañar los proyectos.

El Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales de la Casa Rosada para atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas, proyectos vinculados con inteligencia artificial y actividades relacionadas con minerales críticos. El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud.

Entre sus principales medidas establece una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, exenciones de derechos de importación y eliminación de derechos de exportación. También prevé una disponibilidad progresiva de las divisas generadas por las exportaciones.

El proyecto puede volver a Diputados

Los cambios que finalmente sean incorporados en el Senado obligarán a que la iniciativa regrese a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. Por eso, el oficialismo todavía debe terminar de cerrar los acuerdos antes de definir si el proyecto tendrá dictamen y podrá llegar al recinto el 10 de septiembre.

El plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión y Legislación General será clave para determinar el próximo paso. Allí, el oficialismo deberá medir hasta dónde puede ceder frente a sus aliados sin poner en riesgo uno de los instrumentos que considera fundamentales para su programa económico.

La disputa por el Súper RIGI vuelve a mostrar, de esta manera, que el Gobierno no solo enfrenta una discusión económica sobre cómo atraer inversiones. También debe resolver una cuestión política: cómo conseguir los votos para avanzar con su modelo sin perder el control sobre los cambios que pretende introducir el Congreso.