por Redacción NewsDigitales
El Gobierno nacional volverá a reunirse este martes con los gremios docentes y nodocentes de las universidades públicas, en medio de un conflicto que combina reclamos salariales, una ley sin aplicar y un fallo judicial que mantiene en jaque a la Casa Rosada. El encuentro será a las 11 en el Palacio Pizzurno.

Participarán las federaciones Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La convocatoria llega pocos días después de un paro nacional de 48 horas que paralizó actividades académicas y administrativas en instituciones de todo el país.
El principal punto de tensión es la Ley de Financiamiento Universitario. Según las universidades, ya transcurrieron 315 días desde su sanción sin que el Ejecutivo cumpla con la norma, que había sido vetada por Javier Milei y luego insistida por el Congreso con los dos tercios necesarios en ambas Cámaras.
La situación tomó otra dimensión cuando la Corte Suprema rechazó el 25 de junio el recurso presentado por el Estado y dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la legislación. La medida había sido dictada por el juez federal Martín Cormick y posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones.

Desde entonces, el conflicto no logró destrabarse. El CIN pidió al magistrado que imponga multas a los funcionarios responsables del incumplimiento y que investigue una eventual desobediencia judicial. El planteo alcanzó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al propio Presidente.
El 21 de agosto, Cormick convocó a las partes a una audiencia. Según las autoridades universitarias, durante esa instancia el Gobierno manifestó que cumpliría con la ley, aunque luego se negó a dejar ese compromiso asentado formalmente.
Para los rectores, la propuesta de volver a reunirse dentro de 30 días significó una nueva postergación. La discusión quedó así atrapada entre la negociación política y una obligación que ya cuenta con respaldo de la Justicia.
El Gobierno sostiene que el escenario es diferente y asegura que ya realizó pagos vinculados con la ley. Como argumento, menciona el acuerdo paritario firmado en mayo, que contempló un incremento del 21% y otro 3% previsto para octubre.
La administración libertaria también cuestiona a los sindicatos por mantener los reclamos judiciales. Desde la Casa Rosada sostienen que las organizaciones habían asumido el compromiso de retirar esas acciones como parte del entendimiento alcanzado.
Los gremios rechazan esa interpretación y mantienen el reclamo por la aplicación integral de la legislación. Para el sector, la discusión salarial no puede separarse de la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio.
La reunión de este martes llega, entonces, con poco margen para acuerdos definitivos. El Ejecutivo busca contener el conflicto mediante la negociación paritaria, mientras los gremios y rectores mantienen la presión para que se cumpla una ley que el Congreso aprobó y que la Justicia respaldó. La incógnita es si el diálogo permitirá descomprimir la disputa o si el enfrentamiento volverá a trasladarse a las calles y los tribunales.