La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la dirigencia sindical volvió a escalar. La CGT, junto con las dos centrales de la CTA, rechazó la propuesta empresarial para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y advirtió que podría avanzar con nuevas medidas de fuerza, incluido un paro general.
La oferta presentada por las cámaras empresarias contempla aumentos escalonados que llevarían el salario mínimo a $468.000 recién en abril de 2027. Para la central obrera, el monto resulta insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo y la situación económica de los trabajadores.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, calificó la propuesta como “irrisoria” y adelantó que los gremios no están dispuestos a convalidarla.
El planteo sindical se encuentra muy por encima de la propuesta empresaria. La CGT y las CTA reclamaron que el salario mínimo alcance los $911.202 desde julio y llegue a $993.300 en diciembre.
La diferencia entre ambas posiciones ronda el medio millón de pesos y refleja la fuerte distancia existente entre empresarios y trabajadores a la hora de discutir el nuevo piso salarial.

Según datos citados por los gremios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el salario mínimo perdió más del 40% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y julio de 2026.
Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, la definición quedaría nuevamente en manos del Gobierno nacional, que podría establecer el nuevo monto mediante decreto.
La modalidad de la negociación también generó malestar dentro de la CGT. Los dirigentes sindicales habían reclamado que el encuentro se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo el formato virtual.
Para Jerónimo, esa decisión impidió desarrollar una discusión real entre las partes. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate mucho más creíble”, sostuvo el dirigente.

En esa línea, cuestionó que el esquema de negociación termine convirtiéndose en una formalidad antes de que el Poder Ejecutivo tome la decisión final.
“Seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada”, lanzó.
La CGT decidió retirarse del plenario luego de considerar insuficiente la propuesta empresarial y ahora deberá definir cuáles serán sus próximos pasos.
El conflicto salarial se combinó con otra discusión: los datos sobre empleo difundidos por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El funcionario había destacado en redes sociales la creación de más de 500.000 puestos de trabajo durante la gestión de Milei. Jerónimo respondió con dureza y calificó esa lectura como parte de una “realidad paralela”.
Según el dirigente sindical, la situación es completamente diferente: “No solamente no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyeron 180.000, cerraron más de 30.000 empresas”.
También cuestionó que el crecimiento del empleo se esté produciendo, según su interpretación, a través de una mayor informalidad laboral.
Jerónimo también apuntó contra el argumento oficial sobre el endeudamiento de las familias y recordó una declaración de Javier Milei sobre los motivos por los que algunos argentinos toman deuda. “El problema es que gran parte de nuestra sociedad se endeuda para comer, no para darse un lujo”, sostuvo.

El dirigente consideró que la situación salarial no puede analizarse únicamente desde los números macroeconómicos y planteó que el deterioro de los ingresos está impactando directamente sobre la vida cotidiana de los trabajadores.
Con el rechazo formal a la propuesta empresarial, el conflicto quedó abierto. La CGT tiene previsto reunirse la próxima semana para definir un nuevo plan de acción.
Entre las alternativas aparece la posibilidad de convocar a una nueva jornada de protesta y, eventualmente, avanzar hacia un paro general.
Jerónimo evitó confirmar una fecha, pero dejó abierta la posibilidad y planteó que cualquier medida deberá construirse con consenso entre los distintos sectores sindicales.

Así, el salario mínimo vuelve a convertirse en un nuevo foco de confrontación entre el movimiento obrero y el Gobierno de Javier Milei, mientras el Ejecutivo se prepara para definir por decreto un nuevo piso salarial ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores.
ND