Este martes 1º de septiembre, los representantes de las universidades públicas argentinas volverán a verse las caras con el gobierno nacional.
La cita será a las 11 de la mañana, en el Palacio Pizzurno, sede central de la Secretaría de Educación a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo del gobierno nacional es llevar una propuesta paritaria, pero el de las universidades es más ambicioso: hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, que ya lleva más de 300 días siendo ignorada por el Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei.

La Ley de Financiamiento Universitario es una Ley votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada por el Congreso, que el Ejecutivo llevó al Poder Judicial para no cumplir.
No obstante, la Corte Suprema ratificó lo obvio: la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse.
Para ejemplificar el impacto que tendría, un docente titular con dedicación semi exclusiva cobró los primeros días de agosto $1.169.151,63 (bruto), mientras que de haberse aplicado la Ley, debiera haber percibido $1.419.400,71. Así, le niegan a los docentes un aumento del 21,4%.
Como consecuencia, los salarios siguen lejos del poder de compra que tenían en noviembre de 2023. Mientras los sueldos no alcanzados por la garantía salarial perdieron 25,1%, los escalones más bajos sufrieron un recorte de 33,9%.

Desde el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, sostienen que “no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”.
El planteo del oficialismo es que con el aumento otorgado en junio, del 21,33%, se dio por clausurada la Ley, y propone que el ámbito de la discusión sea la mesa paritaria.
En ese mismo sentido, Capital Humano oficializó el aumento de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, pero incumpliendo también con la Ley.
Desde CONADU Histórica, destacaron que “la paritaria nacional del 1° de septiembre es una instancia central. No puede ser una mera formalidad: debe permitir saldar la deuda salarial acumulada”.
En definitiva, se pide lo obvio: “El Gobierno debe cumplir la ley, cumplir la medida cautelar y pagar la deuda salarial”.
