Después de años marcados por accidentes, víctimas fatales y personas gravemente heridas en los médanos, La Frontera de Pinamar se encamina hacia un cambio profundo en sus reglas de funcionamiento. El municipio avanzó con un acuerdo que establece nuevas condiciones para la circulación de cuatriciclos, UTV, motos y vehículos 4x4 y que deberá cumplir para intentar dejar atrás la prohibición judicial que pesa sobre las actividades motorizadas en la zona.
La novedad surge luego de meses de disputa judicial y representa un giro respecto del escenario que se abrió durante el verano. La Municipalidad se compromete ahora a implementar un sistema integral que incluye registro previo de personas y vehículos, turnos, identificación mediante QR y lectura de patentes, corredores delimitados, controles permanentes y la posibilidad de impedir el reingreso de quienes cometan infracciones graves.
El nuevo esquema forma parte de la salida que se busca alcanzar en el amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El conflicto escaló en enero, después del grave choque que dejó herido a Bastian Jerez, de 8 años, y terminó con la Justicia bonaerense interviniendo sobre las actividades recreativas motorizadas de La Frontera.
Pero el caso Bastian fue el episodio que precipitó la intervención judicial sobre un problema que venía de mucho antes.
El relevamiento preliminar incorporado a la documentación reconstruye una sucesión de tragedias durante la última década.
En enero de 2022 murió Antonio Emilio Salinas, de 32 años, después de chocar de frente su cuatriciclo contra un UTV. Un mes antes había fallecido Agustina Queirel, de 33, tras volcar con un cuatriciclo luego de saltar la cresta de un médano. En 2019 murió Paula Betbeder, de 35 años, por el vuelco de un UTV en La Olla.
La nómina incluye además a Franco Sánchez, de 20 años, fallecido en 2018 tras una colisión frontal entre un cuatriciclo y una camioneta 4x4; Hernán Mauro Robert, de 30, quien murió tras volcar y ser aplastado por su cuatriciclo; y un chico de 12 años que falleció en 2016 por aplastamiento de tórax al volcar el vehículo que conducía. Ese mismo año se registró la muerte de otro conductor de 38 años que perdió el control de su cuatriciclo e impactó contra un árbol.
Los episodios graves continuaron en los últimos años. El relevamiento registra vuelcos, atropellos, traumatismos severos y lesiones que requirieron internaciones en terapia intensiva entre 2023 y 2026.
Ese historial constituye el telón de fondo del nuevo esquema que Pinamar deberá poner en marcha.
El acuerdo transforma especialmente la forma de ingresar y circular por el área. El objetivo es que deje de resultar imposible determinar quién entró, en qué vehículo lo hizo y por dónde circuló.
El acuerdo también marca un cambio respecto de la postura que el municipio había asumido al comienzo del conflicto.
En febrero, luego de que el juez de Dolores Félix Ferrán dictara la cautelar contra las actividades vehiculares, Pinamar apeló la decisión. Entre otros argumentos, sostuvo que la prohibición había sido dispuesta sin respetar adecuadamente su derecho de defensa y cuestionó que se lo colocara como principal responsable por hechos ocurridos en terrenos de carácter privado.
También argumentó que las conductas peligrosas ya estaban alcanzadas por normas penales, contravencionales y ordenanzas municipales.
Meses después, el escenario es diferente. El 25 de agosto, mediante el decreto 1489/2026, el intendente Juan Manuel Ibarguren autorizó a la Asesoría Letrada municipal a suscribir el acuerdo conciliatorio presentado en el expediente iniciado por Martínez Carignano. El acto administrativo establece además que las distintas áreas municipales deberán intervenir para dar cumplimiento a las obligaciones que surjan del convenio.
El entendimiento incorpora así buena parte de las medidas reclamadas en el amparo y coloca sobre el municipio la responsabilidad de demostrar que el nuevo sistema puede funcionar efectivamente.
El acuerdo no supone que las restricciones se levanten automáticamente.
Pinamar deberá tener implementado el nuevo esquema antes del comienzo de la temporada y acreditar ante el Tribunal que funcionan el registro, los identificadores, los sistemas de QR y lectura de patentes, el control de ingresos y egresos, la señalización, las zonas de exclusión y los recursos humanos y materiales comprometidos.
Hay además una fecha marcada en el calendario: el 1° de diciembre de 2026. Según la documentación, ese día el juez interviniente y Martínez Carignano constatarán in situ la efectiva implementación de las medidas.
La Justicia conservará jurisdicción para controlar el cumplimiento del acuerdo y, si las obligaciones asumidas no se concretan, el impulsor del amparo podrá volver a solicitar la intervención judicial sobre el fondo de la cuestión.
Después de años en los que los accidentes graves se repitieron en los médanos, el desafío para Pinamar ya no será solamente establecer nuevas reglas sobre el papel. Antes del próximo verano deberá demostrar que puede hacerlas cumplir.