Fuerte pedido al Gobierno por los suicidios: qué está haciendo y con qué recursos

La diputada nacional Teresa García presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer qué medidas está implementando el Gobierno frente al aumento de la tasa de suicidios registrado en Argentina.

La iniciativa pone el foco en la evolución de los casos, los programas de prevención, el funcionamiento de las líneas de asistencia y los recursos destinados a salud mental.

El proyecto, impulsado por la legisladora cristinista, toma como referencia un informe difundido en agosto por el Observatorio de Política Criminal y plantea que durante 2025 se habría registrado la tasa de suicidios más elevada de la serie analizada.

A partir de esos datos, García reclama al Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, información detallada sobre las políticas aplicadas durante los últimos años y las medidas previstas para 2026.

De acuerdo con esos datos, durante 2025 la tasa habría llegado a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, el valor más elevado de la serie mencionada en la iniciativa.

El documento sostiene además que el indicador viene aumentando desde 2020, aunque con una aceleración particularmente marcada durante 2025. Según la información citada por García, la tasa creció 21,65% durante ese año, mientras que entre 2020 y 2024 el incremento promedio había sido del 4,88%.

El informe también ubica al suicidio como la principal causa de muerte violenta en el país durante 2025, con 5.209 casos, por encima de los 3.583 fallecimientos registrados por accidentes viales y los 1.676 homicidios dolosos.

Qué quiere saber Teresa García

La iniciativa solicita que el Ministerio de Salud proporcione información precisa y detallada sobre distintos aspectos vinculados con la problemática.

Uno de los principales puntos consiste en conocer la cantidad de suicidios consumados e intentos de suicidio registrados durante los últimos diez años y los datos provisorios disponibles de 2026.

García pide que esa información sea discriminada por año y mes, edad, sexo, provincia y método utilizado, además de especificar cuáles fueron las fuentes empleadas para elaborar las estadísticas.

También pretende conocer qué estudios y evaluaciones realizó el Ministerio de Salud durante los últimos años y si existen investigaciones específicas que analicen el incremento registrado durante 2025.

En caso de que existan, solicita que esos estudios sean incorporados a la respuesta oficial.

"Se incrementaron los suicidios de las fuerzas, sí, pero se incrementaron los suicidios en el país"

Alejandra Monteoliva dijo que "las fuerzas federales no escapan a esa realidad" y aseguró que "en 2025 hubo un 30% más que en el 2024". pic.twitter.com/lB7ZHyOrX4

— Corta (@somoscorta) August 19, 2026

El foco sobre las políticas de prevención

Otro capítulo importante del proyecto está relacionado con las políticas públicas.

La diputada quiere saber qué programas o medidas adoptó el Ministerio de Salud durante 2024, 2025 y 2026 y cuáles prevé implementar para prevenir y reducir los suicidios y los intentos de suicidio.

Para cada política, solicita conocer la fecha de implementación, duración, población destinataria, alcance territorial y estado de ejecución.

También pide información sobre los canales utilizados para comunicar esas acciones, los organismos públicos que participaron y el presupuesto asignado y ejecutado.

El planteo apunta así no solamente a conocer cuántos recursos fueron destinados, sino también a determinar qué políticas concretas se desarrollaron y cuál fue su alcance.

Cuánto dinero se destinó al Plan Nacional de Prevención del Suicidio

El proyecto pone especial atención sobre la Ley 27.130, que estableció el marco nacional para la prevención del suicidio.

García solicita que el Gobierno informe cuál fue el presupuesto asignado al Plan Nacional de Prevención del Suicidio durante 2024, 2025 y 2026.

La legisladora reclama que se detallen las partidas correspondientes, los programas o planes a los que fueron destinadas, los montos involucrados y el porcentaje de ejecución presupuestaria.

El objetivo es determinar no solamente cuánto dinero fue presupuestado, sino cuánto terminó efectivamente utilizándose.

Las líneas de asistencia, bajo la lupa

Otro de los ejes centrales está relacionado con los dispositivos de atención y asistencia en salud mental.

El pedido menciona específicamente la Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, 0800-999-0091, además de cualquier otro dispositivo existente.

En ese sentido, García solicita conocer cuántas personas estuvieron afectadas a la atención de esas líneas durante 2024, 2025 y 2026.

También pide información sobre las condiciones y modalidades de contratación del personal y sobre los movimientos registrados en las dotaciones: altas, bajas, despidos, renuncias y otras modificaciones.

Por otro lado, el proyecto reclama que se informe cuáles son los días y horarios de funcionamiento y cuántas llamadas recibió cada dispositivo durante el período analizado.

Pero el pedido va un paso más allá: solicita discriminar entre llamadas efectivamente atendidas, no atendidas, abandonadas y derivadas.

También quiere conocer cuánto dinero destinó el Estado al funcionamiento de esos dispositivos entre 2024 y 2026.

La coordinación con las provincias

El último eje del pedido está relacionado con el vínculo entre Nación y las jurisdicciones provinciales.

La legisladora peronista pregunta qué convenios de cooperación técnica, asistencia financiera, transferencias de recursos u otros mecanismos de coordinación fueron implementados para desarrollar políticas de prevención del suicidio.

La solicitud alcanza tanto a las acciones desarrolladas dentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) como a otros ámbitos institucionales. En particular, pide identificar las provincias alcanzadas, las acciones implementadas y los recursos asignados.

La Ley 27.130 y las obligaciones del Estado

En los fundamentos, García recuerda que Argentina cuenta desde 2015 con la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130.

La norma tiene como objetivo reducir la incidencia y prevalencia del suicidio mediante políticas de prevención, asistencia y posvención. Además, establece responsabilidades específicas para el Ministerio de Salud, entre ellas el desarrollo de políticas, la capacitación de recursos humanos y la articulación con las provincias.

El proyecto también cita el artículo 32 de la Ley Nacional de Salud Mental, que establece que el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud debe destinarse a esa área.

A partir de allí, García cuestiona lo que considera una reducción de los recursos destinados a salud mental y cita un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), según el cual el presupuesto para programas de salud mental durante 2026 fue de $48 millones, equivalente al 5% del presupuesto asignado en 2024.