Polémico proyecto por el atentado a CFK: qué quieren declarar cada 1 de septiembre

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, un diputado nacional del peronismo presentó un proyecto de ley para convertir cada 1° de septiembre en una jornada nacional de reflexión sobre la violencia política.

La iniciativa busca instalar esa fecha como un día destinado a promover la convivencia democrática, el respeto entre fuerzas políticas y el rechazo a cualquier forma de violencia contra dirigentes y militantes.

El proyecto, impulsado por el diputado nacional Santiago Roberto, retoma una propuesta que había presentado Gisela Marziotta durante su mandato y que posteriormente volvió a ingresar al Congreso en 2025 sin haber sido tratada.

En sus fundamentos, el legislador vincula directamente la fecha con el atentado contra la entonces vicepresidenta y plantea una lectura crítica sobre los gobiernos de Mauricio Macri, Javier Milei, sectores de la Justicia y los medios de comunicación.

Qué propone el proyecto de Santiago Roberto

La iniciativa establece en su primer artículo que el 1° de septiembre de cada año sea instituido como el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Política”.

El objetivo, según el texto, es establecer “una jornada nacional de reflexión acerca de las diferentes manifestaciones de violencia política que atravesaron nuestra historia” y, al mismo tiempo, reconocer “el valor de la convivencia pacífica de las fuerzas políticas de nuestro país en el marco de un Estado democrático de derecho”.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a desarrollar actividades de “capacitación, difusión, prevención y concientización” destinadas a promover una reflexión sobre la violencia política y la necesidad de erradicarla.

El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma cargada contra Cristina Kirchner frente a su domicilio en Recoleta y gatilló a centímetros de su rostro. El disparo no salió. El hecho fue considerado un intento de magnicidio y generó una fuerte conmoción institucional y política.

La fecha que el peronismo busca convertir en símbolo

Para Roberto, aquel episodio representa un punto de quiebre en la convivencia política argentina. En los fundamentos sostiene que se trató del “hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia en nuestro país”.

El diputado afirma que el atentado no puede analizarse únicamente como un episodio aislado, sino dentro de un contexto político que, según su interpretación, estuvo marcado por una creciente confrontación.

“Las condiciones que en su momento fueron el caldo de cultivo para ese hecho, no solo persisten, sino que se han profundizado desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei en diciembre de 2023”, sostiene.

Desde esa perspectiva, el proyecto pretende que el 1° de septiembre funcione como una fecha de memoria, pero también como una oportunidad para discutir las formas de confrontación política actuales.

“La institución de este Día Nacional es un aporte fundamental del Congreso para retomar el camino de una convivencia política que nos permita construir en paz los mejores destinos de nuestra patria”, plantea el legislador.

Las críticas al gobierno de Javier Milei

Una parte central de los fundamentos está dedicada al actual Gobierno. Roberto sostiene que la administración de Milei contribuye a generar “un clima de violencia en general, y de violencia política en particular”.

Entre los elementos que cuestiona menciona los “discursos confrontativos y descalificadores” del Presidente, la “represión y criminalización de la protesta”, la denominada violencia simbólica y lo que considera un “ataque a las instituciones democráticas”.

También cuestiona lo que define como una “negación del pasado”. La crítica no se limita, de todos modos, al oficialismo actual. El diputado plantea una mirada histórica más amplia sobre la evolución de la confrontación política argentina desde la recuperación democrática de 1983.

Según el texto, la democracia permitió construir progresivamente “un acuerdo de convivencia pacífica”, basado en el reconocimiento del adversario, el respeto de las garantías constitucionales y la legalidad de los procedimientos electorales.

El duro cuestionamiento a Mauricio Macri y la Justicia

Uno de los pasajes más polémicos aparece cuando el proyecto analiza el período 2015-2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Roberto sostiene que durante esos años se configuró, según su interpretación, “un verdadero sistema de persecución política” contra dirigentes y sectores sociales vinculados al entonces Frente para la Victoria y posteriormente al Frente de Todos, con especial énfasis en el kirchnerismo.

En ese marco, el legislador apunta contra una supuesta articulación entre “el poder económico más concentrado, ciertos dirigentes políticos, miembros de la administración de justicia y los medios de comunicación dominantes”.

Así, enumera lo que considera prácticas de persecución: “la difusión incansable de noticias falsas”, la reproducción de “discursos de odio”, presuntos sistemas de inteligencia ilegales, causas penales que -según afirma- no respetaron garantías procesales y el uso abusivo de las prisiones preventivas.

El texto va todavía más lejos y utiliza explícitamente el concepto de lawfare, al definir esas prácticas como una “guerra jurídica o judicial” destinada, según su mirada, a “la destrucción del adversario político”.

Para Roberto, esa escalada de confrontación habría contribuido a generar las condiciones para la aparición de grupos de extrema derecha que, según plantea, comenzaron a promover el pasaje de la violencia simbólica a la violencia física. En ese contexto ubica el ataque contra Cristina Kirchner.

A su vez, describe el episodio como un “intento de femi-magnicidio” y sostiene que constituyó una ruptura del acuerdo de convivencia construido desde 1983.