El nuevo revés que complica a Milei y vuelve a poner a las universidades en el centro

El Gobierno de Javier Milei recibió un nuevo revés judicial en su conflicto con las universidades públicas. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la medida cautelar vigente y ordenó presentar, en un plazo de tres días, documentación que permita determinar cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con las casas de estudio y los gremios.

La decisión se produjo en el marco de la acción colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado Nacional por la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Para el magistrado, los acuerdos alcanzados por el Gobierno no fueron suficientes para demostrar que hayan desaparecido los perjuicios que habían dado origen a la protección judicial.

La administración libertaria había pedido dejar sin efecto la cautelar a partir de los acuerdos firmados el 10 de junio con representantes universitarios y sindicales. El entendimiento contempló una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida entre junio y octubre, además de un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y partidas adicionales para hospitales universitarios y becas.

Sin embargo, el juez consideró que esos compromisos no alcanzan para dar por cerrado el conflicto. En particular, señaló que el Estado no logró acreditar que se hayan revertido los efectos vinculados con la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro de los ingresos y la situación salarial de los trabajadores del sistema universitario.

La respuesta que ahora deberá dar el Gobierno

Cormick le otorgó al Ejecutivo tres días para presentar un informe respaldado con documentación oficial. Allí deberá explicar el estado actual de los compromisos asumidos y precisar qué nivel de ejecución alcanzó respecto del conjunto de medidas contempladas en la cautelar.

El planteo oficial sostenía que las nuevas medidas habían modificado las circunstancias existentes al momento de dictarse la resolución judicial y que, al menos en lo sustancial, se habían cumplido los objetivos establecidos por la Ley 27.795.

Las universidades, en cambio, cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que los acuerdos alcanzaban solamente una parte de las obligaciones previstas. Entre los puntos que, según las instituciones, permanecen pendientes aparecen la actualización de infraestructura, distintos programas de becas y la situación de los investigadores.

También remarcaron que los aumentos acordados no compensan las pérdidas acumuladas durante los meses anteriores. Esa diferencia de interpretación terminó siendo determinante para que la Justicia decidiera mantener vigente la protección.

Un conflicto que sigue abierto

En su resolución, Cormick sostuvo que el Estado no pudo demostrar que los acuerdos hayan generado un impacto suficiente como para eliminar los perjuicios graves denunciados. Por ese motivo, descartó que pueda considerarse que la cautelar fue cumplida o que el conflicto haya quedado superado.

El magistrado también consideró que continúa vigente el denominado “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que durante la tramitación del expediente se produzcan daños que posteriormente sean difíciles de reparar.

La situación representa otro capítulo de una disputa que enfrenta al Gobierno con las universidades desde la sanción de la ley de financiamiento. Milei había vetado la norma, pero el Congreso insistió con su aprobación, mientras que las instituciones recurrieron a la Justicia para reclamar su aplicación.

La cautelar había sido concedida hasta que exista una sentencia definitiva y posteriormente fue confirmada por la Cámara del fuero Contencioso Administrativo. El 25 de junio, además, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado, por lo que la medida quedó firme.

Con el nuevo fallo, el Gobierno deberá volver a justificar ante la Justicia el alcance de sus medidas y demostrar con documentación concreta cuánto avanzó en el cumplimiento de las obligaciones reclamadas. Mientras tanto, el conflicto universitario continúa abierto y suma presión sobre la estrategia del Ejecutivo para administrar una disputa que ya dejó varios capítulos en los tribunales.