El nombre Sea Lion dejó de pertenecer solamente a los especialistas en hidrocarburos. Desde este martes también ingresó de lleno en los tribunales argentinos. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y abogados ambientalistas presentaron ante la Justicia Federal de Río Grande una acción contra la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, responsables del proyecto destinado a extraer petróleo al norte de las Islas Malvinas.
La ofensiva judicial coincide con un momento decisivo: Sea Lion ya tiene aprobada su inversión y sus operadores proyectan comenzar a producir petróleo en marzo de 2028.
El yacimiento está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de Malvinas, dentro de la denominada Cuenca Malvinas Norte. Navitas posee actualmente el 65 por ciento y opera el proyecto; Rockhopper conserva el 35 por ciento. En diciembre de 2025 ambas empresas tomaron la Decisión Final de Inversión (FID), lo que significa que el emprendimiento superó la etapa de evaluación y entró en fase de ejecución.
El presupuesto calculado después de esa decisión es de USD 1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo y USD 2.100 millones hasta completar el proyecto, incluyendo contingencias y costos financieros.

La primera fase prevé once pozos submarinos conectados a ese buque de producción, almacenamiento y descarga. La segunda incorporará otros doce aproximadamente tres años después del inicio de la producción. Navitas calcula una explotación de más de treinta años.
Después de esos datos insertaría captura de la ficha oficial de Navitas donde aparecen ubicación, participación accionaria, FID y “First oil planned for March 2028”.

La presentación judicial realizada este 1 de septiembre apunta a prevenir lo que sus impulsores consideran un daño ambiental y soberano. La causa recayó en el Juzgado Federal de Río Grande y cuestiona que el proyecto pretenda desarrollarse sin evaluación ni autorización de las autoridades argentinas.
Buenos Aires mantiene desde hace años la posición de que las empresas que operan en esa zona sin autorización argentina desarrollan actividades ilegítimas.
El 10 de junio, la Cancillería volvió a mencionar específicamente a Rockhopper y Navitas y sostuvo que toda actividad unilateral de exploración o explotación en el área disputada contradice la resolución 31/49 de Naciones Unidas, que pide a ambas partes evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la disputa.
Hasta ahora, la pesca constituye una de las principales fuentes de recursos propios de las islas. Un desarrollo petrolero sostenido durante décadas puede cambiar la escala económica: más ingresos, construcción, transporte, combustible, trabajadores especializados, infraestructura portuaria, alojamiento y servicios.
Por eso Sea Lion no es solamente una discusión energética. Es también una discusión sobre el futuro económico del territorio.
Si Navitas y Rockhopper cumplen su cronograma, en 2028 comenzará la explotación petrolera más importante desarrollada alrededor de Malvinas.
Argentina intenta frenarla.
Las empresas ya están construyendo el proyecto.
Y el reloj corre.