Ortega blinda el poder en Nicaragua y deja a la oposición fuera de las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera votación una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo que impide participar en elecciones a sectores de la oposición y extiende de seis a siete años los mandatos de las principales autoridades del país. El cambio no es una modificación electoral aislada: refuerza un sistema político donde el oficialismo ya controla la Presidencia, el Legislativo y buena parte de las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones. 

La reforma utiliza como fundamento la exclusión de quienes sean considerados “traidores a la patria”, una categoría que el Gobierno ha utilizado contra dirigentes opositores y críticos del sandinismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, había anticipado que el objetivo era modificar el marco constitucional para impedir que esos sectores pudieran volver a competir electoralmente. 

La exclusión política pasa a la Constitución

El punto central es que la restricción deja de depender solamente de decisiones administrativas o judiciales y pasa a quedar incorporada en la propia Constitución. El Gobierno obtiene así una herramienta jurídica para decidir quién puede presentarse a una elección antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas, reduciendo todavía más el espacio para una competencia política efectiva.

Ortega había dejado clara la dirección de la reforma el 19 de julio, cuando afirmó públicamente que no permitiría nuevas elecciones que pudieran devolver el poder a sus adversarios. La Asamblea presentó posteriormente el cambio como una defensa de la soberanía frente a la “injerencia extranjera”, pero el resultado práctico es que los sectores considerados enemigos del Gobierno pueden quedar legalmente excluidos del proceso electoral. 

Ortega blinda el poder y permite excluir a opositores de las elecciones de Nicaragua.

Ortega y Murillo también amplían los mandatos

La reforma eleva de seis a siete años los períodos de los copresidentes, otros cargos electos y las máximas autoridades del Ejército y la Policía. El cambio se suma a la reforma aprobada en 2024 que creó formalmente la copresidencia y elevó a Rosario Murillo al mismo rango presidencial que su esposo, profundizando una estructura de poder concentrada alrededor de ambos. 

El proceso todavía necesita una segunda aprobación para entrar plenamente en vigor. La legislación nicaragüense exige que las reformas constitucionales sean ratificadas en dos períodos legislativos distintos, y Murillo anunció que esa etapa comenzará el 18 de enero. Con la amplia mayoría oficialista en la Asamblea, sin embargo, el segundo trámite aparece como una barrera principalmente formal. 

Nicaragua amplía los mandatos a siete años y restringe constitucionalmente candidatos.

Nicaragua se acerca a 2027 sin una oposición competitiva

Las próximas presidenciales fueron desplazadas hasta finales de 2027 después de los cambios constitucionales anteriores. Para entonces, Ortega habrá acumulado más de dos décadas consecutivas en el poder desde su regreso a la Presidencia en 2007, mientras Murillo ocupa ahora constitucionalmente la copresidencia.

La consecuencia de la nueva reforma es que Nicaragua puede mantener formalmente elecciones mientras elimina previamente a buena parte de quienes podrían disputar el poder. El mecanismo permite conservar urnas, campañas y organismos electorales, pero restringe desde la Constitución quién tiene derecho a competir contra el oficialismo. Esa transformación consolida el modelo político construido por Ortega y Murillo desde la crisis de 2018, cuando la represión de las protestas dejó más de 300 muertos y provocó un amplio éxodo de nicaragüenses.