Hoy será una nueva jornada de protesta en las universidades públicas argentinas. La decisión de un paro de 24 horas fue tomada ayer por los gremios tras la fallida reunión paritaria con el gobierno nacional.
El reclamo universitario es el mismo que hace más de 300 días: que el Poder Ejecutivo de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
El frente sindical de las universidades nacionales convoca a paro total de actividades para mañana 2 de septiembre en todas las universidades nacionales. pic.twitter.com/tHZLAHdcZZ
— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) September 1, 2026
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez puso sobre la mesa la propuesta del gobierno: una suba de 3% en septiembre y otro 3% en octubre.
El aumento de octubre ya había sido comprometido en el último acuerdo firmado en junio. A ello se le adicionó el 3% para el mes en curso.
Asimismo, desde el gobierno se les reclamó a los gremios que “no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender”.
A su vez, se fijó como nueva fecha de negociación el jueves 17 de septiembre, dilatando las definiciones.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/4CI2P76uyy
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 1, 2026
La Ley de Financiamiento Universitario es una Ley votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada por el Congreso, que el Ejecutivo llevó al Poder Judicial para no cumplir.
No obstante, la Corte Suprema ratificó lo obvio: la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse.
En dicha Ley, se establece que los salarios universitarios deben actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC.
En función de los datos del INDEC, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 a julio de 2026 es de 329%, mientras que los salarios universitarios se actualizaron 227%.
Por ende, para alcanzar el IPC, los salarios debieran aumentar un 31,2%. Ese es el reclamo de los gremios universitarios.
Es decir, el ofrecimiento del gobierno fue 10 veces inferior al que corresponde por la Ley votada y ratificada por el Congreso Nacional y el Poder Judicial.
Como consecuencia del incumplimiento, los salarios universitarios siguen lejos del poder de compra que tenían en noviembre de 2023. Mientras los sueldos no alcanzados por la garantía salarial perdieron 25,1%, los escalones más bajos sufrieron un recorte de 33,9%.
