La condición que cambió los planes de Milei y abrió una nueva pelea en el senado

El Gobierno de Javier Milei tuvo que ceder ante sus aliados para intentar destrabar el proyecto del Súper RIGI en el Senado. La iniciativa será discutida este miércoles en un plenario de comisiones, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con un dictamen que le permita llevar el debate al recinto el próximo 10 de septiembre.

La negociación estuvo encabezada por Patricia Bullrich, quien aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los principales cambios están vinculados con la participación de empresas nacionales como proveedoras y con las condiciones energéticas que deberán afrontar los grandes proyectos de consumo eléctrico.

El punto que mayor tensión genera dentro del oficialismo está relacionado con los megacentros de datos destinados a inteligencia artificial. Los bloques provinciales pretenden que los nuevos emprendimientos con un consumo energético extraordinario cuenten con sistemas propios de generación para evitar que la expansión de la demanda recaiga sobre las redes existentes y termine afectando el suministro de la población.

Para el Gobierno, la exigencia representa un problema porque podría aumentar los costos de los proyectos y quitar atractivo al régimen frente a grandes compañías internacionales. El Súper RIGI es una de las principales apuestas del Ejecutivo para captar inversiones en sectores considerados estratégicos, entre ellos tecnología, inteligencia artificial y minerales críticos.

El reclamo que también puso a la industria en el centro

Otro de los puntos discutidos es la obligación de contratar proveedores locales. El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán destinar al menos el 20% del gasto en proveedores a empresas nacionales, siempre que exista una oferta local con condiciones de precio y calidad competitivas.

Los sectores industriales buscan que esa protección se aplique exclusivamente a bienes efectivamente producidos en la Argentina. Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, planteó que la medida debe permitir que las empresas locales compitan sin cerrar la economía y respaldó una apertura que calificó como “inteligente”.

La discusión expone una de las principales tensiones políticas alrededor del proyecto: cómo atraer grandes inversiones sin que los beneficios terminen desplazando a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de la infraestructura necesaria para sostener los nuevos emprendimientos.

El Gobierno busca sostener el atractivo del régimen

El Súper RIGI contempla una batería de beneficios para las empresas que ingresen al régimen. Entre ellos figura una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, créditos fiscales para IVA y contribuciones patronales y beneficios sobre el pago de dividendos.

También prevé la eliminación de derechos de exportación, exenciones de derechos de importación y un esquema progresivo para disponer de las divisas generadas por las exportaciones, que alcanzaría el 100% a partir del tercer año.

El oficialismo pretende que esas condiciones conviertan al país en un destino atractivo para proyectos de gran escala. Sin embargo, la negociación en el Senado muestra que para conseguir respaldo político deberá aceptar modificaciones que inicialmente no estaban contempladas.

Si el proyecto finalmente obtiene dictamen y es aprobado con cambios en la Cámara alta, deberá regresar a Diputados. Allí se abrirá una nueva instancia de discusión y el Gobierno deberá volver a negociar para evitar que una de sus principales apuestas económicas quede trabada en el Congreso.